La Corte Suprema -en una decisión unánime- puso término definitivo a una controversia que se extendió por más de dos años en torno a la concesión para construir estacionamientos subterráneos en la Avenida Alonso de Córdova en la comuna de Vitacura.
En un fallo dictado el 16 de abril, el máximo tribunal acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Municipalidad de Vitacura y rechazó la reclamación de la empresa concesionaria, ratificando la legalidad del término anticipado del contrato.
El documento establece que los actos administrativos internos invocados por la empresa -como memorándums y oficios de direcciones municipales- no pueden generar expectativas legítimas que impidan al municipio ejercer sus facultades contractuales.
Según la Corte, “carecen de aptitud para expresar válidamente la voluntad municipal y generar legítima confianza”, en tanto emanan de órganos sin competencia para modificar o interpretar el contrato de concesión.
El caso
La causa contó con la activa participación de la Asociación Alonso de Córdova/Nueva Costanera, representada por Fernando Zúñiga, socio de Pellegrini & Rencoret, y de José Gabriel Undurraga, socio de Guerrero Olivos, quienes lideraron la estrategia jurídica como tercero coadyuvante en defensa de los intereses vecinales.
La Asociación había presentado observaciones ante la Contraloría General de la República respecto de las múltiples irregularidades detectadas en el desarrollo del proyecto. Este proceso impulsó a la Municipalidad de Vitacura a reevaluar la legalidad de la concesión y finalmente decretar su término anticipado en 2022.
Posteriormente, la empresa concesionaria interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando revertir la decisión municipal y obtener una eventual indemnización. Sin embargo, con este nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema, se descarta definitivamente la existencia de una actuación ilegal por parte del municipio, confirmándose así la legalidad del término anticipado del contrato.
La defensa de la Municipalidad de Vitacura fue encabezada por Mauricio Cisternas, socio de Cisternas y Concha, quien lideró la estrategia procesal que permitió obtener la validación definitiva del acto administrativo que puso fin al contrato.
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