La millonaria disputa de Constructora Tricam con el Fisco por mejoramiento de ruta a Los Queñes
La empresa exige una indemnización tras ejecutar la obra, por supuestos incumplimientos del Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional del Maule, lo que es rechazado por el Consejo de Defensa del Estado.
Por: J. Troncoso Ostornol
Publicado: Lunes 17 de abril de 2023 a las 08:30 hrs.
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Una soterrada disputa mantiene la Constructora Tricam, representada por Alberto Piwonka, en contra del Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional del Maule por el proyecto denominado Mejoramiento Ruta J-55 Sector: La Unión- Los Queñes, en la provincia de Curicó.
La obra fue adjudicada por la Dirección Regional de Vialidad a Tricam en marzo de 2017, con un valor de $ 7.040 millones IVA incluido, bajo la modalidad de Serie de Precios Unitarios, sin reajuste. El mejoramiento de la ruta contempló una calzada de siete metros de ancho, con bermas, rectificaciones de curvas, defensas fluviales, obras de saneamiento y seguridad vial.

No obstante, el año pasado, la constructora demandó al Fisco de Chile-Ministerio de Obras Públicas y al Gobierno Regional del Maule, por supuestos incumplimientos. Solicitó una indemnización de $ 5.021 millones tras realizar la obra, la que, dijo, está en uso y explotación publica a contar de julio de 2019.
La empresa apuntó –entre otras materias- a una supuesta falta de entrega oportuna e íntegra de los terrenos que conformaban el trazado de la obra, y deficiencias del proyecto en relación con la solución de pavimento. Sobre este último punto, la compañía dijo que existía una contradicción entre lo que indicaban las Especificaciones Técnicas del contrato y lo que se instruye en el Manual de Carretera respecto de la base a utilizar en el caso de una pavimentación con tratamiento superficial doble.
La constructora reclamó que se le impidió que “obtuviera la utilidad pactada” como consecuencia de todos los incumplimientos que denunció.
“Durante la ejecución de las obras que formaban parte del contrato, se produjeron situaciones que modificaron el monto y plazo originalmente contratado, parte de las cuales quedaron regularizadas a través de diversos convenios Ad Referéndums (…) las referidas modificaciones obedecieron a situaciones ajenas al contratista e imputables, en la mayoría de los casos, al MOP”, sostuvo la empresa.
Añadió que “la falta de entrega íntegra y oportuna de los terrenos necesarios para la ejecución de este contrato se tradujo en que el contratista tuvo un avance inferior al programado, tanto en el plazo original del contrato, como durante el período en que fue aumentado”.
La respuesta del Fisco
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Fisco, contestó la demanda, y solicitó su total rechazo. “En razón del perfecto conocimiento que tenía la actora de los alcances de las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato, no se ha producido un ‘desequilibrio del contrato’ que sea imputable al Fisco”, dijo el CDE.
Además, sostuvo que la Dirección de Vialidad entregó a la empresa contratista un proyecto definitivo con la posibilidad de ser complementado, sin que la adjudicataria denunciara al momento de iniciar las obras defectos insalvables del diseño entregado, por lo que asumió la ejecución de la obra bajo esas condiciones y asumió el riesgo que ello implicaba.
El Gobierno Regional del Maule también solicitó rechazar la acción judicial, con expresa condenación en costas.
“El contrato de construcción de obra pública sublite fue suscrito entre la Dirección de Vialidad de la Región del Maule y la empresa Constructora Tricam Limitada, por tanto, el organismo con el cual existió y se generó una relación contractual fue la Dirección Regional de Vialidad Región del Maule, con independencia de él o los acuerdos administrativos que ésta pudiera haber suscrito con otros órganos estatales, especialmente en relación a su financiamiento”, dijo el organismo.
Y añadió: “El Gobierno Regional del Maule no licitó obra alguna, tampoco adjudicó y menos ejecutó el contrato celebrado, ello lo hizo únicamente el Ministerio de Obras Públicas y, por lo tanto, no puede afectar a un tercero, en este caso al Gobierno Regional. La oferta se hizo al MOP (y esto es relevante pues la oferta se acepta a través de la adjudicación que es lo que forma el consentimiento), éste dio su aceptación y luego con él y solo con él se perfeccionó el contrato, según las norma de perfeccionamiento de la contratación”.
Actualmente, el juicio está en etapa de presentación de testigos.
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