La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que busca eliminar las multas vinculadas al no pago de TAG, normativa que la industria cataloga como catastrófica.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunció este jueves la cartera de proyectos concesionados 2025-2026, la cual incluye el llamado a licitación de 15 iniciativas, cuya ejecución representará una inversión total de US$ 7.898 millones.
Durante el año se espera iniciar los procesos de proyectos como el Teleférico Alto Hospicio, Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco, Segunda Concesión Centro de Justicia de Santiago, Concesión Ferroviaria Regiones Valparaíso-Santiago, entre otros.
“Estos proyectos apuntan a generar empleo y también crecimiento económico. Nuestra declaración y nuestro compromiso es que vamos a buscar el llamado a licitación de todos estos proyectos. Esperamos lograrlo. No es una promesa, pero vamos a sacar muchos de ellos adelante”, afirmó la ministra.
Además, la cartera espera adjudicar cinco proyectos por unos US$ 2.500 millones. Se trata de la Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Temuco-Río Bueno, la Segunda Concesión del Aeropuerto de la Región de la Araucanía, la Concesión de la Ruta 68, el Estudio Integral del Tren Valparaíso-Santiago y el Estudio Integral para la Ruta 5 Tramo Chonchi-Quellón.
A estas iniciativas se suman otras nueve que están en proceso de licitación y a la espera de la apertura de ofertas por US$ 3.146 millones.
¿Chao TAG?
A pesar del positivo anuncio, la industria concesionaria enfrenta un nuevo desafío. Hace algunos días, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara aprobó un proyecto de ley que busca eliminar las multas por el no pago del TAG.
“Nos parece extraordinaria la cartera de concesiones. Pero no podemos entender que, en un lado, tenemos un Gobierno entusiasta que quiere hacer crecer el país y, por otro lado, parlamentarios de su mismo sector impulsan proyectos que lo afectan gravemente. Éste no sólo le quita el incentivo a la industria, la mata”, enfatizó el presidente de Copsa, Leonardo Daneri.
En esta misma línea, el director General de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, manifestó su desacuerdo con la iniciativa e instó a los parlamentarios a evaluarla con mayor altura de mira. “Aquí hay una distorsión que no logro entender bien. Por una parte, hay una exigencia de ampliar la infraestructura y generar mayores condiciones para el territorio, pero al mismo tiempo hay un ataque certero a la forma en que tenemos de recaudar. Yo trataría de poder tener una conversación con mayor altura de mira”, recalcó.
Sánchez indicó que los parlamentarios no han ponderado adecuadamente los efectos que podría traer este proyecto de ley. Y dijo que la normativa pone en duda la viabilidad de seguir avanzando en la modalidad de Freeflow, ya que los pórticos están asociados a medidas de seguridad que se perderían al eliminar el TAG.
“No puedo estar más en desacuerdo con ese proyecto de ley. Lo fui a decir al Congreso con datos empíricos que demuestran por qué nuestra posición en el Gobierno es que este proyecto no corresponde”, concluyó Sánchez.
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