El Panel Técnico de Concesiones (PTC) emitió su fallo en relación a la inédita disputa entre la sociedad concesionaria de la red hospitalaria Buin-Paine y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por sobrecostos derivados de hallazgos arqueológicos .
La compañía, ligada a la española Sacyr, había solicitado una compensación de UF 465 mil (casi US$ 19 millones), pero el organismo solo reconoció el pago de UF 77.200 (equivalentes a US$ 3 millones), es decir, el 15,7% del monto requerido.
El conflicto se remonta a 2021, cuando se identificaron tres recursos patrimoniales en el terreno del futuro hospital, lo que obligó a implementar un plan de rescate arqueológico que permitía avanzar en ciertas zonas, mientras se ejecutaban trabajos de resguardo.
Sin embargo, según Sacyr, pese a estar lista para iniciar las obras en marzo de 2022, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) no autorizó el ingreso al terreno hasta octubre de ese año, generando un primer retraso de 206 días. A ello se sumaron nuevas demoras por la ejecución simultánea de obras y monitoreo arqueológico, lo que agregó 83 días de retraso en las faenas preliminares.
Frente a estos perjuicios, la concesionaria pidió al MOP ampliar el plazo y una compensación económica. La cartera accedió a extender el cronograma, pero bajo la figura de caso fortuito o fuerza mayor, que excluye el pago de compensaciones monetarias.
Ante ello, la empresa decidió escalar el caso al Panel Técnico, acusando que actos y omisiones del CMN impactaron directamente en el avance del proyecto y generaron mayores costos.
Conclusiones del panel
El MOP rechazó los argumentos, señalando que los costos reclamados se originaban en obligaciones legales conocidas desde antes del inicio de las obras y acusó que la compañía intentó desnaturalizar la calificación jurídica de las demoras para exigir compensaciones improcedentes.
Con estos antecedentes, en primer lugar, el Panel Técnico estableció que la etapa de caracterización arqueológica corresponde al aseguramiento del rescate patrimonial, por lo que constituye una obligación que debe ser asumida por la sociedad concesionaria. Recalcó que esta etapa termina con el plan de rescate aprobado, por lo que su riego corresponde a la empresa.
Además, señaló que no hubo cambios de criterio de parte del CMN en relación con la metodología establecida por dicha entidad.
No obstante, el Panel advirtió que, en el pasado, el propio MOP reconoció la existencia de interferencias e impactos en el contrato de construcción y en el programa de trabajo, precisando además que la concesionaria no tuvo responsabilidad en esas demoras.
Tales impactos –añadió– generaron sobrecostos principalmente vinculados al impedimento de utilizar el terreno destinado a las obras, los cuales no corresponde que sean asumidos íntegramente por la sociedad concesionaria y deben ser compensados por el Ministerio.
En concreto, el organismo reconoció como “compensables” los gastos indirectos derivados de la reprogramación del programa de trabajo, las modificaciones en las instalaciones de faena y el uso de una planta de hormigón fuera del área concesionada, así como costos asociados a la etapa de rescate arqueológico, que no estaban contemplados en el contrato. Estas partidas totalizan alrededor de US$ 3 millones. El resto de las solicitudes fueron desestimadas.
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