Por un lado, una inmobiliaria que busca levantar edificios; por el otro, un grupo de vecinos que alegan trabajos en días y horas inhábiles con altos niveles de ruido. En el centro, el complejo turístico privado Las Tacas, en la Región de Coquimbo.
Abogados de la Administradora Las Tacas, que gestiona diez de las comunidades al interior del recinto, junto con otros copropietarios de departamentos, presentaron un recurso de protección en contra de Las Tacas Corp, dueña de un lote donde se levantan dos edificios de cuatro pisos, y en contra la Constructora IGS, que materializa las obras.
Los vecinos denunciaron actos que estiman ilegales y arbitrarios, consistentes en la ejecución de obras en horarios y días inhábiles, con altos niveles de ruido, los que calificaron como “un tormento sonoro”.
Según detallaron en su recurso, el 28 de mayo de este año suscribieron con la constructora un acuerdo que permitió trabajos de lunes a viernes, sin fines de semana y festivos, entre las 9:00 y las 18:00 horas.
Además, dijeron que han cursado multas, respondiendo las recurridas -según el recurso- que “les es más barato pagarlas antes de detener la obra”, lo que -a juicio de los reclamantes- da cuenta de una intención de acelerar un proyecto inmobiliario a costa de sacrificar la salud, tranquilidad y seguridad de quienes habitan el complejo.
Los representantes de Las Tacas Corp y la constructora rechazaron los cuestionamientos. Señalaron que el recurso de protección es el punto cúlmine de una serie de acciones judiciales interpuestas por un grupo de personas que aspiran a cerrar Las Tacas a todo tipo de nuevo desarrollo inmobiliario.
Explicaron, además, que a instancias de la Dirección de Obras de Coquimbo y sin estar legalmente obligados a ello, con el propósito de recoger las inquietudes de vecinos, informaron horarios de trabajo de lunes a viernes, de 8:00 a 18:30 y sábado de 8:00 a 14:00.
La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso, señalando que ya se iniciaron los procedimientos técnicos de rigor y que está vigente la fiscalización ante la DOM respectiva, la que podrá adoptar las medidas en el evento de constatarse incumplimientos al horario de los trabajos.
Los reclamantes recurrieron a la Corte Suprema, que deberá zanjar la disputa, afirmando que no buscan impedir que se siga construyendo o que la obra se frene, sino que esta iniciativa “no afecte la calidad de vida de las personas que viven en Las Tacas”.
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J. Troncoso Ostornol
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