A diferencia de lo que esperaba el mercado, La Polar volvió a poner una cuota de incertidumbre respecto a su futuro al no informar la magnitud real de las resguardos que necesitará la empresa. Durante la tarde de ayer informó que en un plazo máximo de tres meses se conocerán las provisiones requeridas, ya que contrataron a Deloitte como la auditora encargada de revisar la cartera de clientes de la compañía. Una vez que esto se realice, el directorio podrá también concluir el valor de recuperación de la cartera y los eventuales períodos afectados.
Luego de esto, señalan en el hecho esencial, “se informará inmediatamente al mercado, y se definirá la manera en que se contabilizarán estos efectos”.
La noticia no cayó muy bien en el mercado. De inmediato surgieron dudas sobre la votación del aumento de capital por US$ 400 millones que está agendada para el miércoles de la próxima semana.
Según Francisco Errandonea, gerente de estudios de renta variable de Santander GBM, la falta de información respecto a la situación de la empresa haría necesario revisar tal decisión. Además, recalca que con los datos que se tienen están sugiriendo no invertir en la empresa, ya que el riesgo que implica es muy alto. La incertidumbre, explica, lleva a pensar que así como el problema puede ser menor a lo que se piensa, también puede ser mucho mayor.
En este escenario, comentan, los avances de LarrainVial en la búsqueda de un nuevo socio que aporte capital es trascendental para la viabilidad de la operación, pues con esta información se podrían tomar decisiones con mayor tranquilidad.
De todos modos, hay quienes creen que los tiempos son razonables, considerando la relevancia de la estimación de provisiones. Para el gerente de estudios de Banco Penta, Ramón Lagos, “el plazo es un poco largo considerando la ansiedad del mercado, pero es un difícil hacerlo antes y seriamente”.
A la justicia
Tan complicada está la situación al interior de la empresa que también contrataron al abogado Davor Harasic para ejercer acciones civiles y penales “en contra de todos quienes resulten responsables por la situación que atraviesa la empresa”.
Durante la tarde se supo que la fiscalía Centro Norte comenzó por oficio una investigación contra la empresa por posibles infracciones a la Ley General de Bancos, del Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas.
Los fiscales José Morales y Luis Inostroza, acompañados de unos siete funcionarios del OS9 de Carabineros, estuvieron todo el día en el edificio corporativo de La Polar, ubicado en la avenida Eduardo Frei Montalva 520.
Allí, revisaron documentos de la compañía y se llevaron algunos computadores para periciar.
Otras definiciones
En el documento enviado a la SVS, la empresa detalla que también pidieron la renuncia a la gerente corporativo de administración, María Isabel Farah, brazo derecho del ex presidente de la compañía, Pablo Alcalde. (ver página 11)
Al mismo tiempo, aseguró que “se han adoptado todas las medidas necesarias para mantener funcionando con absoluta normalidad las tiendas, tanto en Chile como en Colombia, asegurando el adecuado desarrollo de los negocios de la compañía”.
En La Polar, agregan, continuarán “adoptando todas las medidas que sean pertinentes para mantener informado, en la forma y oportunidad debida, a los accionistas, acreedores, empleados, proveedores, así como también a las autoridades y al mercado en general”.
Un punto relevante -porque fue uno de las acciones que destapó la crisis que hoy vive la compañía- es sobre la repactación de las deudas. En este sentido, señalan que se acordó “estructurar una oferta, que se comunicará próximamente a los clientes, a los cuales se les haya extendido los plazos de pago en sus estados de cuenta”.
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