Desde hace unos años, el mundo empresarial comenzó a tomar consciencia que acciones sociales aisladas ya no son suficientes, con esta premisa bajo el brazo, comenzaron a surgir varios movimientos que invitaban a las industrias a hacerse cargo de su impacto social. Entre ellos, en 2012, surgió el capítulo chileno de Sistema B, co fundado por Juan Pablo Larenas, quien actualmente es el director Ejecutivo de Sistema B Internacional.
Mañana estará en Frutillar para participar en el primer Encuentro + B Global, que entre el 13 y 16 de noviembre estima congregar a más de 1.000 personas de 40 países, empresarios, académicos, líderes sociales, abogados y expositores internacionales como Camila Escobar, presidente de Juan Valdez (Colombia) y Andrew Morlet, director Ellen McArthur Foundation (UK).
Larenas comenta que desde su creación, el movimiento ha ido tomando cada vez más fuerza. A la fecha, ya cuentan con 2.600 empresas certificadas en el mundo y 440 en Latinoamérica. En Chile ya suman 130, situándose como "el cuarto país como más certificaciones luego de Estados Unidos, Canadá y Brasil", afirma Larenas. De ellas, el 95% corresponde a pequeñas y medianas, todavía con una baja participación de las grandes compañías.
"Cada vez son más las empresas grandes que buscan sumarse al movimiento. Para ellas no es tan fácil, porque, además de comprometerse a crear impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, ser una Empresa B supone cambiar sus estatutos, pues deben ampliar el deber fiduciario de accionistas y gestores para incluir intereses no financieros, y cuando son sociedades abiertas que cuentan con un directorio cuyo mandato es maximizar las utilidades, esto no es tan fácil", señala.
Añade que una empresa grande, en muchos casos, tiene filiales en Chile y el extranjero, por lo mismo, el proceso de certificación se complejiza, porque hay que revisar los antecedentes de cada una ellas.
Superando barreras
Hoy las trabas para que grandes compañías se certifiquen, tienen que ver con la complejidad del proceso, y con el necesario cambio de estatus que significa ser B, es decir, se incluyan intereses "no financieros". Si una Sociedad Anónima, especialmente una abierta, cuyo directorio tiene por mandato la maximización de utilidades, un cambio de estatutos de esta naturaleza, podría significar incluso, quedar a merced de potenciales demandas de los accionistas.
A pesar de los escollos, Larenas está esperanzado en que la aprobación del proyecto de ley que regula las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, Ley BIC, promovido por Felipe Katz de Evópoli y Maya Fernández del Partido Socialista, y que está en discusión en el Congreso, logre ver la luz, para aumentar el número de grandes compañías se certifiquen.
"El proyecto de Ley BIC dará certeza jurídica total a las empresas para que pueden operar bajo la filosofía de las Empresas B, pues hoy el riesgo de cambio de estatutos no brinda certeza jurídica a las sociedades anónimas, especialmente las abiertas", afirma Larenas.
Comenta Estados Unidos, Italia y Colombia ya aprobaron una regulación en este sentido y que Argentina está en vías de hacerlo y espera que en Chile se apruebe en 2019 para que "podamos avanzar hacia una economía más inclusiva y sustentable".
Entre el 5% de grandes empresas que hoy son B, se encuentran Hortifrut, el Parque del Recuerdo y el Instituto AIEP. Larenas adelantó que, actualmente a nivel local, más de 100 firmas están en proceso de certificación B, de las cuales el 10% corresponden a compañías de los rubros agrícolas, retail, financiero, bodegaje y lecheras.
El ejecutivo revela, además, que están en conversaciones con Corfo para buscar algún mecanismo que bonifique a las empresas B que postulan líneas o fondos de la estatal, lo que sin duda, explica, sería un gran beneficio para las firmas que tomen la decisión de certificarse.
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