La tensión entre el Coordinador Eléctrico y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) se hizo evidente la tarde de este lunes en la comisión de la Cámara de Diputados que indaga sobre el apagón del 25 de febrero pasado.
El presidente del consejo directivo del organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico, Juan Carlos Olmedo, recalcó que “la causa del blackout fue la falta de cumplimiento normativo de parte de algunas empresas” y que se tiene que ver el apagón como “un punto de inflexión”.
Según explicó, una serie de incumplimientos por parte de las empresas evidencian una situación que afecta seriamente la seguridad de servicio. “En este ámbito no podemos permitir que esta situación de incumplimientos normativos se transforme en algo permanente y que siga profundizando la debilidad de la seguridad de servicio del sistema”, lanzó.
Para revertir esta situación -añadió- se necesita que todos los organismos que participan de este sector cumplan con su papel. Fue en ese punto en que enfatizó que es particularmente importante la SEC y que a la fecha le han informado más de 20 situaciones de incumplimiento normativo por el evento. “El rol fiscalizador de la SEC con una fiscalización proactiva es fundamental para preservar la seguridad de servicio. También las empresas deben cumplir con las normas técnicas”, indicó.
Olmedo recogió el comportamiento de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) durante el evento: “La SEC hizo lo que se denomina procesalmente ‘traslado’ a 79 empresas PMGD que fueron las que no entregaron información y solo 16 de ellas le respondieron. O sea, ni siquiera atienden las consultas de la SEC. Y eso es grave”. Esto, señaló, porque “nos impide hacer los análisis detallados del evento y vemos que tampoco responden a la autoridad fiscalizadora y eso exige que la fiscalización sea rigurosa y proactiva”.
Y advirtió: “Hay una serie de vacíos que quedan por falta de información y eso sólo se resuelve con una fiscalización proactiva y permanente”.
Ante lo planteado, el consejero de la entidad, Carlos Finat, tomó la palabra: “Este tema es probablemente el mayor aprendizaje de este lamentable evento. Y es que estamos caminando hacia que se instaure una cultura del incumplimiento en las empresas que son coordinadas por nosotros. Se supone que todos actúan de buena fe (...), pero al momento de revisar la información, el listado de incumplimientos es muy grande”.
Finat puntualizó que un estudio encabezado por la académica Claudia Rahmann apunta a que “el blackout no habría sido total, si es que las empresas hubieran efectivamente tenido los ajustes que habían sido verificados por el Coordinador. Y esos ajustes en varias centrales cambiaron. Y eso significó que esas centrales se desconectaron en el momento que no debían desconectarse y profundizaron la falla”.
“Necesitamos el apoyo de la Superintendencia fiscalizando y sancionando”, añadió.
Pero Olmedo fue más allá: “Esa falta de fiscalización hace que cuando se pidan cosas, las empresas no reaccionan porque no hay consecuencias. Entonces, no hay consecuencias de no enviar la información a tiempo o de no enviarla o de no cumplir con el estándar. Como no hay consecuencia, es que se está construyendo o estamos derivando a esta cierta cultura de incumplimiento”.
El director ejecutivo del Coordinador, Ernesto Huber, precisó que los resultados de las auditorías a Transelec e Interchile se espera tener a mediados de agosto.Pero también presentó en detalle un plan de medidas para fortalecer la seguridad eléctrica local tras el apagón.
El programa considera iniciativas en cuatro ejes: prevención, contención, recuperación rápida del servicio y aprendizaje continuo. Estas incluyen: incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para la detección de riesgos operacionales; aumento de exigencias técnicas a plantas solares, eólicas y sistemas de almacenamiento; y cambios al Plan de Recuperación del Servicio y fortalecimiento de los recursos automáticos para el control de contingencias.
También, implementación de auditorías técnicas preventivas a instalaciones críticas; y ampliación del monitoreo en tiempo real y plataformas de visualización de generación distribuidas.