A las devoluciones por el error de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el yerro de Transelec, con la instrucción de este lunes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para comenzar a saldar desde abril la deuda asociada al retraso en la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) que llega a $ 734 mil millones (unos US$ 863 millones), se aclara en parte el tablero de juego que deben enfrentar las cuentas de electricidad durante este año.
A estos factores hay que añadir otros elementos en la ecuación que cada vez se vuelve más compleja. Por ejemplo, los vaivenes en el tipo de cambio, que son parte de los ajustes periódicos que tienen las boletas de la luz. En el caso del componente de distribución, hay que considerar que la cuenta aumenta en las zonas rurales, por la sencilla razón de que hay menos densidad de población y las distancias de línea eléctrica para llevar la luz son más extensas que en las ciudades.
Según un análisis de la consultora energiE, al que tuvo acceso DF, el nivel tarifario proyectado para el segundo semestre de 2026 hace prever una baja respecto al semestre vigente. Esto, debido principalmente a la apreciación del peso chileno, con un tipo de cambio proyectado que desciende desde los $ 953,25 observados en el período anterior a un promedio estimado de $ 900,44 para el nuevo semestre.
Dado que el costo de la energía representa aproximadamente el 60% de la tarifa final, esta caída del 5,56% en el dólar -sostiene la consultora- genera una reducción directa del 3,57% en la cuenta residencial, respecto al semestre anterior. Mientras, los indexadores de los contratos muestran un comportamiento neutral.
“Como resultado, y considerando que el descuento por los montos cobrados en exceso por el error de la valorización de activos de Transelec finaliza en julio de 2026, la tarifa base promedio nacional BT1a (con IVA) -para un cliente tipo de un consumo mensual de 180 kWh- descendería de los $ 46.891 vigentes a comienzos de año a una proyección de $ 46.217”, se sostiene.
¿Cómo impactará la reliquidación? Bajo lo anunciado por la autoridad, y considerando que los cargos de baja tensión asumen proporcionalmente el doble de la carga que los de alta tensión, energiE calculó un cargo adicional de $ 7,24 por kWh para los clientes residenciales. Para un consumo promedio de 180 kWh, este ítem se traduce en un aumento mensual de $ 1.303 en la boleta final.
Así, ante una eventual aplicación de la reliquidación VAD en las tarifas reguladas, entre abril y junio de 2026 se produciría un alza del 2,78% al mes por efecto de la deuda, de manera que la cuenta quedaría en promedio en $ 48.194. Pero este aumento luego -con la actualización del precio de la energía y el término del descuento de transmisión- resultaría en una cuenta final en $47.521, nivel eso sí superior al de enero 2026.
“La tarifa final proyectada para el segundo semestre de 2026, integrando tanto la evolución de los costos de suministro como la reliquidación de la deuda VAD, se sitúa en un promedio nacional de $47.521. El escenario actual demuestra que la caída del tipo de cambio hacia niveles de $ 900 actuará -en promedio- como un factor amortiguador fundamental en el alza promedio que producirá el pago de la deuda VAD”, se asegura.
Eso sí, los efectos puntuales de cada comuna dependerán del nivel de reliquidación de cada empresa y su nivel de densidad de consumo.
Postergar la reliquidación
El socio director de la consultora energiE, Daniel Salazar, explica a DF que durante el segundo semestre el factor dólar contribuirá a reducir la tarifa en la componente generación. “La variación definitiva la conoceremos una vez cerrado el mes de marzo. Esto ayudará a amortiguar el alza por reliquidación VAD, pero además se debe considerar que también desaparecen los descuentos producto de los errores de IPC y transmisión”, dice.
En el escenario que se decida avanzar en un proyecto de ley, reconoce que “tendría sentido revisar la fecha de inicio del proceso de reliquidación, y tal vez postergarla unos pocos meses”. Según explica, primero, “para conocer con certeza la rebaja por efecto dólar que se aplicará para el segundo semestre; y segundo, para que exista un tiempo adecuado para el diseño del proyecto, y evitar después lamentar consecuencias de una legislación contra el tiempo”.
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Karen Peña
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