Los temas de libre competencia sin duda son “el” punto de encuentro entre la economía y el derecho. Y aunque se trata de una disciplina cada vez más sofisticada y compleja -donde ambas áreas interactúan y se complementan-, economistas y abogados tradicionalmente han corrido por carriles separados.
De hecho, en estudios jurídicos grandes y medianos, la experiencia de economistas “in house” no es la predominante, pero quienes cuentan con estos profesionales defienden el modelo por el enfoque multidisciplinario y la mirada que puede entregar a los casos desde el inicio.
Uno de los pioneros en esta fórmula es Carey, que hace dos años fichó a la economista Mariana Sepúlveda -quien hasta ese entonces trabajaba en Econsult-. Según la socia de antimonopolios de la oficina, Lorena Pavic son varias las ventajas que observan. “Resulta clave para interpretar correctamente la data y evaluar las áreas de riesgo. Luego, también es relevante contar con un contrapunto a los informes económicos de terceros, lo que se aplica a los casos de control obligatorio de operaciones de concentración, como a los eventuales casos de abusos de posición dominante o prácticas concentradas”, detalla.
Pavic cree que este mix es una fórmula que debería ser cada vez más común en el sector privado, enfatizando que así es como trabaja la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde conviven ambas áreas a la par.
De hecho, una oficina que se formó con exprofesionales de la FNE es el estudio Bravo, que desde un inicio incluyó economistas en su plantilla justamente pensando en no externalizar este servicio. “Nosotros pensamos que tener una consultoría externa nos impide atender de forma más cercana a nuestros clientes”, explica su fundador, Mario Bravo, quien añade que precisamente es esta estructura la que los ha llevado a participar de casos de gran impacto, como la colusión del papel tissue y el caso pollos, entre otros.
Actualmente son dos los economistas que trabajan en el estudio, el exministro de Energía Andrés Rebolledo, y el ex FNE, Gonzalo Escobar.
Otro que recientemente se deció a dar este paso es el reconocido estudio FerradaNehme. Rodrigo Ferrada y Benjamín Mordoj, socios de la firma, cuentan que por el sello de especialización que tiene la oficina, contar con un economista era un paso natural. Eso sí, se apuran en explicar que “no supone retraer a nuestros abogados del análisis y enfoque económico que nos caracteriza, sino que complementarlo”.
¿Quiénes son?
FerradaNehme optó por fichar a una experta en estas materias. Se trata de Elisa Greene, quien hasta hace algunas semanas se desempeñaba en el TDLC. Para esta profesional tomar este desafío es clave, porque a pesar de que se trate de disciplinas distintas, “el trabajo en equipo es realmente conjunto y no consiste en que me hacen encargos sobre temas económicos que complementen el tema legal, sino que los problemas se enfrentan de forma integral”, enfatiza.
La economista de Carey, Mariana Sepúlveda, coincide en este punto y agrega que desarrollar los temas desde el punto de vista económico, pero en conjunto con abogados, “permite darle un enfoque mucho más estratégico a los casos donde se aplica la microeconomía, lo que me parece más desafiante que lo típicamente académico. Además, como parte del equipo legal hay más visibilidad de las distintas opiniones no sólo legales sino económicas sobre un mismo tema, lo que enriquece la experiencia en comparación a la posición como externo”.
El punto en contra son los tiempos. Todos los economistas coinciden en que lo más difícil de la convivencia es la rigidez en los plazos. “Sin embargo, lo interesante es que la participación como economista no se centra solo en el análisis desde la óptica económica, sino en la revisión de las demandas y otros escritos, por ejemplo”, agrega Gonzalo Escobar.
Y si de desafíos se trata, el exministro Andrés Rebolledo señala que adecuarse al cambio tecnológico y profundizar el conocimiento en las áreas de telecomunicaciones y FinTech es lo que más lo ocupa, por el impacto que puede tener en los mercados. Pero no todos han tenido igual experiencia.
En PPU aunque tuvieron economistas “in house” optaron por cambiar el modelo y potenciar la figura del abogado especializado en estas materias. Es el caso de Alvaro Espinosa, a quien la oficina envió a realizar un postgrado en Economía en Londres.
Mariana Sepúlveda, Carey.
Gonzalo Escobar, estudio Bravo.
Elisa Greene, FerradaNehme.
Andrés Rebolledo, estudio Bravo.
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