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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Martes 12 de mayo de 2020 a las 04:00 hrs.
-¿Cuál es la urgencia de implementar modificaciones a las herramientas de libre competencia frente a situaciones de crisis?
- Al realizar nuestro estudio, nos situamos bajo la hipótesis de que esta necesidad de flexibilización podría no parecer urgente ahora, sino en la medida en que se agrave la crisis y que la economía de mercado no pueda operar adecuadamente los mecanismos de control normales establecidos en nuestra ley. Esto puede estar a la vuelta de la esquina. Ante esto, lo ideal sería que nuestro sistema de libre competencia haya pensado de antemano qué requiere flexibilizar y que, en vez de ser visto como un obstáculo, pueda contribuir a la solución.
-¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo?
-El riesgo es que el sistema se vea anulado ante la contingencia. Si las circunstancias empeoran y el gobierno o los empresarios ven que es necesario implementar colaboraciones más intensas, por ejemplo, para asegurar abastecimiento, o acelerar operaciones de concentración, es deseable que se haya pensado ex ante el marco en que se ejecutarán tales medidas y la participación que tendrán las autoridades de competencia en dicho proceso y los mecanismos de predictibilidad.
-Muchos de estos ajustes requieren modificaciones legales que seguramente no serán rápidos, ni fáciles de discutir ¿cuál es la alternativa?
-Si las autoridades de competencia planifican y se adelantan a estas preocupaciones y dan la flexibilidad y certeza a los actores que el momento requiera, podrían mostrar que una modificación legal no es necesaria.
-¿Es suficiente el pronunciamiento que ha tenido la institucionalidad local de competencia frente a la crisis?
-Tanto la declaración pública de la FNE como el Auto Acordado del TDLC son avances en la dirección correcta, pero me temo que no son suficientes.
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
Un informe de la CChC estima que el país deberá destinar el equivalente al 7,3% del PIB anual para cerrar brechas en transporte, energía, agua, salud y conectividad digital durante la próxima década.
En la Cuenta Pública de la entidad, Nicolás Rojas criticó que las restricciones "se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia".
Se trata de la Encla, un sondeo que la Dirección del Trabajo realiza desde 1998, y que en sus últimas versiones ha contado con el apoyo del INE. Desde el ministerio del Trabajo, dijeron que la decisión busca permitir una "revisión integral de su metodología".
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
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Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista