De mera continuidad y solo con mínimos ajustes al alza o a la baja. Así fue la tónica de los recursos propuestos por el Gobierno en su proyecto de ley de Presupuesto 2026 para las distintas entidades que están vinculadas de cerca con la comunidad legal.
Aunque el articulado está en plena discusión en el Congreso, ya hay entidades que han lanzado alertas, ya que lo asignado pone en riesgo los retos internos que enfrentan -por ejemplo- en medio de una mayor carga de trabajo.
Uno de ellos es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), cuyo presupuesto sufrió una caída de 1,5% y no ha recuperado los niveles alcanzados entre 2019 y 2020. ¿Eso perjudica la labor del tribunal? “Sí. Este es un tribunal cuya estabilidad es muy precaria”, sinceró hace unos días a Señal DF el presidente de la entidad, Nicolás Rojas, quien aseguró que el presupuesto en el caso de la institución es de “mera continuidad” e incluso perpetúa un déficit de $ 35 millones.
Pero no es la única entidad que resiente las cifras propuestas. Para la Fiscalía Nacional Económica (FNE), se contemplan para el próximo año $ 8.899 millones frente a $ 8.793 millones asignados en 2025, representando una leve alza de 1,2%.
Consultado por DF, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, aseguró: “Estamos ante un presupuesto de continuidad. Y no hay que olvidar que esto se presenta en el contexto de que el presupuesto de la FNE ha descendido más de 11% en términos reales si se le compara con el que nos otorgó la ley en el año 2018, que fue el primer año en que se encontraban en régimen el control de operaciones de concentración, los estudios de mercado y el resto de las facultades que nos confirió el Congreso en la reforma del año 2016”.
Grunberg precisó que la dotación ha disminuido desde 125 a 117 funcionarios, con un 57% menos de presupuesto para honorarios. Según explica, en la FNE se caracterizan por ser eficientes en el uso de los recursos y planifican de manera cuidadosa su distribución para cumplir eficazmente el mandato legal.
En ese contexto, añade que durante el último tiempo han priorizado nuevos ámbitos de acción, como los mercados digitales, los mercados laborales, y han potenciado la Unidad de Inteligencia para incrementar la eficacia en el combate a los carteles.
“Es importante tener presente que entre enero de 2024 y marzo de 2025 obtuvimos por concepto de multas y pagos a beneficio fiscal un monto equivalente a casi cinco presupuestos anuales. No somos una entidad recaudadora, pero vemos una cierta desproporción entre nuestra efectividad y el presupuesto asignado”, advierte.
Grunberg es tajante: “La consecuencia de tener un presupuesto de continuidad es que, si bien cumpliremos nuestro mandato legal, a veces no lograremos avanzar tan rápido como quisiéramos en algunas de nuestras investigaciones o resultará difícil realizar un mayor número de estudios de mercado”.
“No somos una entidad recaudadora, pero vemos una cierta desproporción entre nuestra efectividad y el presupuesto asignado”, sostiene el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.
Para los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el presupuesto pasó de $ 14.219 millones a $ 14.194 millones, siendo una baja del 0,2%.
Desde la entidad explicaron que este ajuste corresponde a la reducción de un gasto del tipo no permanente, ejecutado durante 2025, y a una disminución en las asignaciones de funciones críticas de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y del Tribunal de Contratación Pública.
Y señalaron que “el presupuesto presentado por la autoridad para el año 2026 contempla los recursos necesarios y suficientes para garantizar la continuidad operacional de los tribunales administrados”.
Sin embargo, los Tribunales Ambientales -tres sedes especializadas ubicadas de norte a sur- sufrieron una baja en su presupuesto. En 2025 contaron con $ 7.235 millones frente a los $ 7.127 millones que se están proponiendo para 2026. Es decir, al igual que en el TDLC, una baja del 1,5%. Esto se da en medio del creciente ingreso de causas que reciben estas instancias y que se refuerza además conforme se aprueban nuevas legislaciones.
¿Y los servicios?
La estrechez también se evidencia en los servicios o reparticiones más específicas. No hubo variación en el presupuesto para el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Transitó desde $ 19.148 millones a $ 19.146 millones. Mientras, para el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), se proponen para el próximo año $ 8.816 millones, una variación de 0,1% respecto a 2025.
El director nacional de Inapi, Esteban Figueroa, sostiene que, “si bien el presupuesto mantiene un enfoque de continuidad, Inapi ha avanzado de manera sostenida en la incorporación de tecnologías que optimizan la operación y fortalecen la eficiencia institucional, especialmente de sus procesos críticos”.
Asimismo, agregó, “hemos apalancado recursos mediante diversas líneas de cooperación y financiamiento nacional e internacional, que permiten complementar nuestra labor con iniciativas que reducen brechas, potencian programas estratégicos y mejoran la experiencia de los usuarios”.
Pero hay más bajas. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) registra una caída del 0,6% en su presupuesto. Entre lo detallado en el proyecto de ley, “se financia su continuidad operativa con una dotación legal de 615 funcionarios y 10 honorarios, manteniendo así su operación regular”.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) pasó de $ 5.856 millones a $ 5.768 millones, siendo una disminución del 1,5%. En tanto, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento tuvo una baja del 2,4% desde $ 10.099 millones a $ 9.854 millones para 2026.
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Karen Peña
