Ignacio Bolelli, Jazmín Gajardo y Benjamín Salas, exsocios de MBC Abogados, junto a Francisco Braun, exDentons, lanzaron a comienzos de septiembre el estudio jurídico B2SG Legal.
La nueva apuesta tiene foco en derecho corporativo, derecho inmobiliario, derecho tributario, compliance y solución de controversias.
La firma se define como una “oficina ágil, con estructura horizontal y un enfoque primordial en la generación de negocios. A su vez, destaca su mirada innovadora, basada en la transparencia y en el uso de tecnología, orientada a entregar soluciones y valor agregado a sus clientes en sus decisiones”, dijeron a DF.
Trayectoria
Ignacio Bolelli es abogado de la Universidad de Chile. Su experiencia se ha desarrollado principalmente en el ámbito corporativo e inmobiliario, asesorando a diversas empresas del sector, incluyendo áreas de la construcción, desarrollo y gestión de proyectos, empresas de rentas, sociedades de inversiones y fondos de inversión.
En tanto, Jazmín Gajardo es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, con magíster en Derecho de los Negocios y magíster en Derecho Tributario de la Universidad Católica. Proporciona asesoría tributaria a empresas y personas naturales. Es directora del Instituto Chileno Tributario y, antes se desempeñó en Barros & Errázuriz, Edwards y Cía., y Moscoso y Cía.
Por su parte, Benjamín Salas es abogado de la Universidad Católica, con experiencia en desarrollo y financiamiento de proyectos inmobiliarios, reorganizaciones corporativas y personales, fusiones y adquisiciones, negociaciones privadas de compra y venta de activos y sociedades, joint ventures, estructuración de fondos de inversión públicos y privados, pactos de accionistas, opciones, emisiones de capital y deuda, y financiamiento de proyectos.
Asimismo, Francisco Braun es abogado de la Universidad Católica, con experiencia en compliance y buenas prácticas corporativas. Ha asesorado a diversas empresas nacionales y globales en temas de cumplimiento, desarrollando modelos de prevención de delitos (Ley 20.393), programas de libre competencia, sistemas antilavado de activos (AML), políticas exigidas a los entes supervisados por la CMF, así como sistemas de protección de datos personales. Además ha asesorado a empresas en casos de derecho penal corporativo.
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