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REGÍSTRATE AQUÍAunque Delta no participa del crédito DIP por US$ 900 millones que entregaron accionistas, es posible que concurra en algún momento.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 16 de septiembre de 2021 a las 04:00 hrs.
La última medida de mitigación que se acordó entre Latam, Delta y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tiene relación con la reorganización de la chilena bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU. El 26 de mayo de 2020, la compañía partió su reestructuración, que podría implicar una reducción sustancial de las acciones de los actuales dueños al salir del proceso. Aún así, los propietarios encontraron una fórmula para intentar no quedar disminuídos a través del financiamiento DIP, actuando como acreedores con posibilidad de convertir su deuda en acciones. Aunque inicialmente Delta no participa en la entrega de estos recursos, podría eventualmente sumarse más adelante.
La FNE analizó el acuerdo e identificó que existía un riesgo de coordinación, porque Delta podría acceder a información financiera sensible de la aerolínea chilena, ya que Latam debe informar a los financistas-accionistas datos comerciales de sus operaciones.
Por eso, se acordó como medida extrajudicial excluir a Delta de toda la información sobre las rutas de traslape entre las compañías, incluyendo las que tiene Latam con Aeroméxico. Además, deben informar a la FNE si los norteamericanos se transforman en acreedores durante el proceso de reorganización.
El doctor en biotecnología cerró su paso por la institución tras un proceso, afirmó, de transformación drástico y doloroso en que reordenó su gobernanza. Su siguiente apuesta es una compañía de bebidas funcionales en base a fibra de celulosa.
El gerente Inmobiliario de la consultora respalda la propuesta del Ministerio de Vivienda para modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Sostiene que la norma vigente quedó desfasada de la realidad demográfica y critica que la planificación comunal se haya convertido en una herramienta política para frenar la densificación.
La eliminación buscaba ahorrarle cerca de US$ 300 millones al Fisco, en el marco de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional.
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