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Publicado: Lunes 7 de junio de 2021 a las 04:00 hrs.
La disputa entre Cencosud y el gobierno argentino por un terreno de más de 20 hectáreas en la zona de San Isidro, en Buenos Aires, sumó un nuevo capítulo.
El paño fue adquirido por la compañía ligada a la familia Paulmann tras una licitación del gobierno trasandino en 1996. Ahí busca levantar un proyecto que incluye un centro comercial y viviendas con una inversión de US$ 600 millones.
No obstante, en 2016, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de Argentina -organismo símil al Ministerio de Bienes Nacionales- presentó una demanda en contra del grupo chileno con el objetivo de que el terreno vuelva a manos del Estado. A su juicio, Cencosud habría incumplido una “condición esencial” del contrato, respecto de los plazos en que el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico.
Como parte del juicio, ahora Cencosud apeló a una resolución del Juzgado Civil y Comercial Federal que lleva la causa, que dispuso, de oficio, la designación de un perito para verificar el saneamiento y remediación ambiental del predio.
“La titularidad del inmueble no se encuentra controvertida sobre la base del no cumplimiento de tareas de remediación y saneamiento, sino, únicamente, por la falta de realización del proyecto”, dijo la empresa en su recurso de apelación; mismo en el que señaló que, en caso de volver a tener una resolución desfavorable, recurrirá a la Corte Suprema de ese país.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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