De cara a las acciones que desplegará José Antonio Kast al llegar a La Moneda el próximo 11 de marzo, sectores determinantes para la economía ya tienen claras las medidas que permitirían impulsar sus industrias, algunas de las cuales incluso no implicarían grandes reformas legales.
En vivienda, para el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, resulta clave extender la vigencia de los permisos de edificación que vencen el 31 de marzo.
“Dichos permisos hoy cuentan con una prórroga que expira en esa fecha. Si bien algunas obras ya se han iniciado, existen muchos proyectos que están en condiciones de hacerlo en los próximos meses. Extender estos permisos permitiría evitar nuevos costos asociados a la tramitación de los proyectos, aprovechando autorizaciones ya otorgadas y listas para ejecutarse”, dice.
Y, considerando el buen desempeño de la ley de subsidio a la tasa -que desde junio ha contribuido a dinamizar el mercado de viviendas de hasta UF 4.000- creen necesario “avanzar hacia una versión 2.0 de esta iniciativa, incorporando un mecanismo de garantías como el Fogaes, que permita ampliar su impacto económico y social, medida que tiene un muy bajo impacto presupuestario”.
La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Gloria Hutt, propone la formación de una “fuerza de tarea” especial, especializada y transversal, con experiencia en administración del Estado, que dependa de la Presidencia de la República, y tenga el encargo de entregar en 90 días un programa para destrabar las inversiones pendientes de ejecución.
Diseñar acciones para dar un impulso a la demanda en la compra de viviendas nuevas, como beneficios tributarios, es una de las propuestas de la ADI.
Mientras, para la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), lo fundamental es diseñar medidas para dar un impulso a la demanda en la compra de viviendas nuevas, como beneficios tributarios, eliminación temporal del IVA a la venta para personas naturales o una reedición de beneficios DFL2.
Creen relevante mejorar la asequibilidad, con medidas que frenen el alza de precios, como racionalizar la permisología, revisar exigencias técnicas y mejorar la regulación de servicios básicos. “Se deberían ajustar los parámetros de densidad y eliminar exigencia mínima de estacionamientos para proyectos cercanos a servicios de transporte público, entre otras”, detallan. Y, agregan, “sería conveniente estudiar nuevas fórmulas de financiamiento hipotecario y ajustar los montos de los subsidios”.
Minería
El sector minero también tiene claro el foco. Jorge Riesco, presidente de Sonami, dijo que hay tres propuestas críticas en el corto plazo. Una: aumentar los límites de extracción para la pequeña minería, elevando el umbral de ingreso al SEIA a 45.000 toneladas mensuales. Dos: diferenciar entre proyectos nuevos y operaciones existentes de cara a la tramitación ambiental. Y tres: autorizar un aumento temporal del 20% en la capacidad de procesamiento, por cinco años.
Desde la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), su gerente general, Fernando Cortez, planteó crear una unidad nacional y regional orientada a acelerar y concretar la cartera de proyectos de inversión.
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que el foco debería estar en facilitar la inversión y elevar la productividad, lo que -según señaló- requiere avanzar en mejoras de gestión, fortalecimiento de capacidades institucionales y una revisión de aspectos regulatorios que hoy generan burocracia innecesaria y plazos excesivos.
Entre las áreas prioritarias de mejora identificó Monumentos Nacionales; la regulación y los permisos asociados a desalación y gestión hídrica; las concesiones marítimas; el fortalecimiento y modernización de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA); definiciones claras y tempranas en materia de ordenamiento territorial y sitios prioritarios, y los procesos de consulta indígena.
El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, postuló revisar o dejar sin efecto la ley que incrementó en 400% el pago de patentes mineras.
Energía
En el sector energético también hay espacios para un impulso a la actividad.Para el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, una medida es avanzar con visión estratégica en la implementación del Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico (DS 125). En paralelo, dice, es necesario continuar con la evolución del diseño del mercado de servicios complementarios, valorizando atributos como flexibilidad, inercia y robustez. Suma avanzar hacia un mercado mayorista con más y mejores liquidaciones financieras vinculantes.
Mientras, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, espera que el nuevo Gobierno pueda impulsar la modernización de la regulación de la distribución eléctrica, actualizando los incentivos para la inversión en redes, resiliencia y digitalización.
Además, creen prioritario acelerar y dar mayor certeza a los procesos tarifarios y permisos, “hoy excesivamente largos e inciertos; así como fortalecer la coordinación regulatoria para habilitar nuevas soluciones en temas de gestión de demanda y medición inteligente”.
En tanto, el director Ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, apunta a la organización interna del Ministerio de Energía: “En un contexto donde las redes de transmisión y distribución son elementos críticos para la transición energética, resulta razonable evaluar la creación de una división específica dedicada a redes, separada de la actual división de mercados”. Instala como segundo eje la necesidad de actualizar y simplificar los procedimientos tarifarios; y, finalmente, fortalecer y modernizar los procesos de planificación de la transmisión.
Telecomunicaciones
El presidente de Chile Telcos, Alfie Ulloa, recalca que “sería súper importante que el sector telecomunicaciones y digital esté priorizado dentro de los temas administrativos y reglamentarios que van a llevarse a propósito de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y todo el tema de digitalización de trámites que se sabe que vienen pero que no se sabe cómo vienen”.
Ulloa añade que lo otro es “una revisión un poco más extensa de todo el tema del ecosistema digital, trámites, superposiciones, implementación de agenda, un poquito de lo que lo que está pensando hacer el Congreso, que es homogeneizar un montón de la regulación que está redactada por distintas comisiones y con distintos objetivos y coinciden en muchas cosas”.
Industria financiera: reincorporación al crédito formal e impulsar sistema de finanzas abiertas
“En materia tributaria proponemos, entre otros temas, eliminar el impuesto único del 10% a las ganancias de capital en operaciones bursátiles y un tratamiento tributario uniforme para todas las transacciones realizadas en bolsa de acciones y cuotas de fondos, sin distinción por capitalización o presencia bursátil, para asegurar de esta forma la igualdad de condiciones para emisores registrados”, dijo el presidente de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), Luis Alberto Letelier. También la entidad gremial apuntó a “la necesidad de una mayor apertura para inversionistas institucionales, flexibilizando los límites de inversión de AFP y compañías de seguros en fondos chilenos, equiparándolos al tratamiento que reciben los fondos alternativos extranjeros”.La gerenta general de la Asociación de Fondos Mutuos (AFM), Mónica Cavallini, indicó que se necesitan medidas que promuevan la inversión de largo plazo y la movilidad de capitales en el sistema financiero, “como la postergación del pago de impuestos hasta el retiro final de las inversiones entre distintos instrumentos financieros: semejante a lo que ya cuentan los fondos mutuos”.Mientras, el presidente ejecutivo de la Asociación del Retail Financiero, Claudio Ortiz, agregó que la próxima administración debería impulsar “la reincorporación al crédito formal de miles de chilenos que están fuera del sistema”. En tanto, la directora ejecutiva de FinteChile, Josefina Movillo, apuntó a la necesidad de “impulsar el Sistema de Finanzas Abiertas como una política pública estratégica”.
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