A fines de abril de 2025, la plana ejecutiva de Aguas Andinas dio un giro. Ese mes, el entonces gerente general, Daniel Tugues, anunció su salida tras dos años en el cargo. En su reemplazo asumió el chileno José Sáez, ingeniero comercial con más de tres décadas en la compañía, a quien el controlador -el grupo francés Veolia- decidió entregarle la conducción de la sanitaria.
Su llegada, sin embargo, no significó un cambio de rumbo. Por el contrario, Sáez aterrizó en la gerencia general para profundizar el plan que Aguas Andinas venía ejecutando desde hace algunos años para enfrentar la sequía. Se trata de Biociudad, la estrategia que busca sumar mayor resiliencia y certeza hídrica a la Región Metropolitana.
“Sería tremendamente irresponsable hacer uso intensivo del recurso que tenemos hoy día sin pensar en cómo se va a sustentar a las generaciones futuras (...) Aquí no tenemos una sola solución. No tenemos la bala de plata que resuelve el problema. Acá tenemos que poner nuestra energía en una batería de iniciativas que, construidas todas, nos van a permitir darle más resiliencia a la ciudad”, detalló Sáez en entrevista con DF.
Con ese objetivo, la sanitaria proyecta invertir entre $ 200 mil millones y $ 250 mil millones anuales durante el quinquenio. Una de las iniciativas en carpeta es el proyecto de captación y conducción alternativa del Maipo, cuyas obras -según la sanitaria- debieran comenzar este mes para entrar en operación hacia fines de 2031.
En la práctica, el desarrollo permitirá conectar el embalse El Yeso con las plantas de producción de agua potable, “lo cual ayuda a superar eventos de extrema turbiedad en los ríos”.
“(El modelo tarifario) resolvió el tema del saneamiento, y también es capaz de resolver los efectos de la sequía que estamos viviendo. Hay que hacer ajustes, siempre tenemos que ir mirando, pero el grueso del modelo es suficientemente robusto”.
La sanitaria explicó que los fenómenos meteorológicos extremos están generando episodios de alta turbiedad que impiden producir agua potable. Frente a eso, el Gran Santiago solo cuenta con 37 horas de autonomía. La obra busca precisamente aumentar ese margen.
Otro desarrollo es Retorno Maipo, que está orientado a dar un doble uso al recurso hídrico. La iniciativa considera un ducto que transportará hasta 3.000 l/s de agua depurada desde la Biofactoría Mapocho Trebal hacia el río Maipo, aportando entre 60 y 90 hectómetros cúbicos anuales. En simple, el agua será utilizada primero en la ciudad y luego retornada a los canales de riego para uso agrícola y ambiental.
La sanitaria espera ingresar su Estudio de Impacto Ambiental a fines de 2026, con miras a operar en 2031.
“Necesitamos acelerar esos procesos y habilitar la legislación para que eso pueda ocurrir. Ahí hay un tremendo desafío”, enfatizó Sáez.
- La responsabilidad del agua tiene que ser una política de Estado…
- Hace algunos años, cada uno tiraba agua para su molino. Hoy tenemos que salir de nuestro eje y mirar esto a nivel global.
- ¿Se están tomando las decisiones correctas?
- Siempre vamos un poquito atrás. Pero ya no tenemos tiempo de esperar que aparezcan las consecuencias para recién empezar a pensar en cómo lo vamos a hacer. Necesitamos anticiparnos, y esto no significa solamente hacer diseños técnicos, sino hacer evolucionar la normativa al punto que te permita que esas inversiones necesarias puedan seguir desarrollándose.
- El nuevo gobierno no puso la sequía dentro de sus ejes prioritarios. ¿Qué llamado hacen?
- En ninguna candidatura nos encontramos una mirada que dijera “no, fíjate que este tema está resuelto, ya no hay nada más que hacer, arréglenselas como puedan”. Por el contrario, se reconoció la existencia de una sequía profunda.
El mundo rural
Desde la mirada de Sáez, el nuevo gobierno tendrá otro desafío evidente del cual deberá hacerse cargo: lo que está ocurriendo en el mundo rural con la sequía. El ejecutivo comentó que este es un tema que José Antonio Kast ha mencionado en algunos de sus discursos, pero hizo hincapié en la necesidad de que se aborde de manera concreta.
Según explicó, hoy existen alrededor de 350 mil familias en zonas rurales que están experimentando directamente los impactos de la sequía y que, a su juicio, deberían contar con el mismo estándar de acceso al agua que quienes viven en las ciudades.
En ese escenario, afirmó que la industria sanitaria está “absolutamente disponible para aportar y ayudar al Estado” en la búsqueda de soluciones para este problema.
- ¿Qué se puede hacer?
- En el pasado, se permitió que las zonas del mundo rural accedieran al agua potable. Se levantaron un sinfín de proyectos que en su diseño planteaban que el Estado hacía la inversión, luego se la entregaba a una comunidad organizada del mundo rural, la cual gestionaba esos activos para llevar adelante el desarrollo de esa actividad. Ese es un diseño que ha funcionado. ¿Cuál es la dificultad? Que está pensado en gestionar activos, pero esos activos no son suficientes, se agotan. La discusión es ver cómo se dota de esa infraestructura a esas localidades para que sigan funcionando. No podemos institucionalizar el abastecimiento de las familias a través de camiones aljibes. No es legítimo.
- En este escenario, ¿les gustaría aumentar las concesiones para ayudar en esos sectores?
- Hay que hacer modificaciones muy de fondo para que eso ocurra. Las concesiones sanitarias funcionan en el mundo urbano, no en el rural.
- ¿Cómo cuáles?
- Hasta hace algunos años la industria sanitaria aportaba levantando iniciativas de inversión. Pero hoy hay más de 1 millón y medio de personas que están en una condición compleja, y no por una inadecuada gestión, sino por su realidad. Eso hay que intervenirlo. Es una materia en donde el Estado tiene que tomar decisiones y posturas. Todavía queda un esfuerzo importante para seguir dando cobertura y resolver esos problemas. Acá lo que van a encontrar, a lo menos en Aguas Andinas, es una compañía súper disponible para avanzar en esa línea.
El modelo tarifario
En 2025, además del cambio en la plana ejecutiva, Aguas Andinas enfrentó otro ajuste: la modificación de sus tarifas. De acuerdo con el decreto respectivo, en marzo de ese año las cuentas aumentaron un 3%; luego, en diciembre de 2025 se aplicó un alza adicional de 1% y, finalmente, en marzo de 2026 se incorporará el 1% restante. A esto se suman las obras consideradas para el quinquenio, con lo cual el incremento tarifario total podría llegar a un 12% hacia 2030.
- ¿Quedaron contentos?
- Contentos sería mucho decir. Pero tengo que reconocer que hubo un tremendo esfuerzo por parte de la compañía y sus equipos, que fueron capaces de levantar todas estas iniciativas para ponerlas a disposición de la autoridad.
- El Gobierno evaluó introducir un cambio en el modelo tarifario del país, bajo un esquema por bloques. ¿Consideran que esa modificación es necesaria?
- Este modelo resolvió el tema del saneamiento, y también es capaz de resolver los efectos de la sequía que estamos viviendo. Hay que hacer ajustes, siempre tenemos que ir mirando, pero el grueso del modelo es suficientemente robusto como para seguir dando los resultados que buscamos. Siempre hay que estar disponibles, discutiendo fórmulas diferentes que permitan lograr la viabilidad económica de las empresas. Hoy tenemos que levantar iniciativas que nos ayuden a resguardar el recurso. Es ahí donde se abre un espacio para discutir cuál es la forma para sostener en el largo plazo el abastecimiento de la Región Metropolitana.
- En esa línea, ¿están pensando abastecerse de agua desalada, por ejemplo?
- El agua desalada es un buen sistema, pero es una producción más cara, infinitamente mayor a la que tenemos en Santiago. Hoy la producción de agua cuesta US$ 0,5 el metro cúbico, y pasaría a casi US$ 5. El salto es muy grande. Aquí el modelo tarifario nos queda corto. La solución más eficiente que visualizamos para la Región Metropolitana tiene que ver con el reuso, y a eso estamos apuntando con el nuevo proyecto. Esto es infinitamente más barato que pensar hoy día en desalación para Santiago.
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