Aunque este martes fue el turno del gobierno para disipar las dudas que asomaron este lunes respecto a los aspectos medioambientales del proyecto misceláneo, nuevamente en la comisión de Medio Ambiente del Senado se encendieron alertas. Esta vez, respecto a los recursos que podría implicar la restitución de gastos incurridos en el desarrollo de proyectos en caso de anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Ante la duda que habían planteado los senadores Andrés Longton (RN) y Diego Ibáñez (FA) por el presupuesto asignado a esta norma, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, indicó que la Dirección de Presupuestos ha estimado que el efecto del pago de estas restituciones y la remuneración del comité de tres peritos que establece el monto “depende de una ocurrencia futura de decisiones judiciales y de circunstancias particulares de cada caso, por lo cual no es susceptible estimarse ex ante”.
Sin perjuicio de ello, agregó que, en caso de que existan contingencias que aumenten la probabilidad y generen potenciales obligaciones para el Fisco, “ellas naturalmente deben consignarse, registrarse, reportarse en los informes de pasivos contingentes elaborados por la Dirección de Presupuestos”.
El senador Alfonso de Urresti (PS) cuestionó la respuesta indicando que era de una “creatividad notable”, agregando que “se necesita informe financiero porque no es una eventualidad. Estás habilitando un procedimiento para pagar”. Y pidió citar al director de Presupuestos.
Sobre si este modelo de la restitución de gastos funciona en otros países, Rodríguez indicó que, si se miran experiencias comparadas se pueden encontrar lógicas en donde frente a la anulación de un determinado acto administrativo, el Estado impone el deber de verificar cuáles son las consecuencias patrimoniales de aquello y en consecuencia, encontrar vías de solución. En el caso brasileño, dijo, “la ley número 13.655 del año 2018 incorporó un régimen similar”.
Ante otras dudas planteadas ayer sobre la propuesta, Rodríguez aseguró que esta norma “no rebaja en ningún caso el estándar ambiental que tiene Chile. No limita la independencia de nuestros tribunales de justicia y tampoco establece un seguro del Estado como asegurador de todo proyecto”.
Además, sostuvo que no hay enriquecimiento sin causa, porque la restitución está limitada a los gastos directos y efectivos que pagó el titular entre la evaluación ambiental y la sentencia ejecutoriada. “Esto no tiene efectos patrimoniales ni positivos ni negativos, a lo sumo se neutraliza”, lanzó.
¿Cuál fue el rol del Ministerio del Medio Ambiente en la elaboración de este proyecto? La ministra de la cartera Francisca Toledo, aseguró: “Trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Hacienda”. Respecto a si el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) vendrá acompañado con un financiamiento de mayor dotación, adelantó que en este momento están trabajando para hacer un levantamiento con distintos bancos internacionales para financiar un reforzamiento de los equipos de la entidad.
La voz de los expertos
Las reservas de los parlamentarios no son las únicas.
El abogado y exjuez ambiental Javier Naranjo indicó que en términos conceptuales, “me parece que es una buena idea para atraer inversión”, pero “estimo que tiene algunos inconvenientes”.
Uno de ellos es que la RCA “es una autorización de funcionamiento y no constituye un derecho, de modo que no tendría cabida la responsabilidad patrimonial del Estado”. Además, Naranjo dice que “si se deja sin efecto una RCA es porque los tribunales estimaron que es ilegal. Al ser así, veo complejo poder indemnizar o restituir gastos de un acto declarado ilegal”.
El abogado Lorenzo Soto, conocido litigante en causas ambientales, estimó que “la medida de devolución de gastos por la evaluación ambiental de proyectos podría incluso alentar la creación de un mercado especulativo de malos proyectos lo que sería regresivo ambientalmente”.
Y agregó que “con la propuesta de eliminar la invalidación ambiental pasa un poco lo mismo: se generaría el efecto contrario al buscado, es decir, se fortalecería las vías indirectas de impugnación y desde luego el recurso de protección ambiental para quienes no han participado de la evaluación ambiental”.
Agregó que “proyectos emblemáticos de gran envergadura han sido o anulados o se han paralizado por estas otras vías, fuera del sistema, como Pascua Lama, Central Termoeléctrica Castilla, el Morro de Goldcorp o Bocamina de Enel”.
Los revocados vía judicial en últimos 10 años: 14 proyectos por US$ 520 millones
Solo 2% de la inversión ha sido revocada en la última década, afirmó este lunes el subsecretario Rodríguez en la misma comisión. Un día después, precisó que, en sede administrativa más judicial es el 2% de la inversión de los proyectos en los últimos 10 años: “En sede judicial es solamente el 0,3%. Estamos hablando de 14 proyectos en los últimos diez años, nos da una inversión en torno a US$ 520 millones”. Sin embargo, recalcó que la norma no obliga a la restitución de todo ese monto de inversión. “Esos son los gastos directos y efectivos que ese proyecto ejecutó entre el proceso de evaluación y la sentencia firme y ejecutoriada, y por lo tanto, es una fracción muchísimo menor que ese monto”, se defendió.
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