A tres años de su promulgación, hoy entra en plena vigencia el Decreto Supremo nº 50 que hace exigibles las adecuaciones de accesibilidad universal para edificios de uso público y todos aquellos que, sin importar su carga de ocupación, presten un servicio a la comunidad. En esta categoría se consignan universidades, colegios, centros comerciales y oficinas, entre otros considerados en esta normativa, cuyo objetivo es asegurar el desplazamiento de personas con discapacidad.
En este plazo de tres años, el decreto dio tiempo a las edificaciones construidas anteriormente para que pudieran adecuar su infraestructura, sumándose así a las obras nuevas levantadas desde abril de 2016, que debieron cumplir con los requisitos de manera inmediata declarando un Plan de Accesibilidad integrado en el anteproyecto que presenta a la Dirección de Obras Municipales (DOM) respectiva.
¿Cómo ha sido la implementación de esta norma que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción?
Desde el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) reconocen que ha sido un proceso lento. “Sabemos que aún muchas edificaciones en el país no están cumpliendo la norma”, declara la directora nacional del servicio, María Ximena Rivas.
A modo de ejemplo, explica que durante 2017 se realizó una evaluación a más de 800edificios públicos a través de la Ficha Índice de Diagnóstico de Accesibilidad (IDA) y del estudio, solo un 9% de edificaciones cumplió con 70% o más de accesibilidad. En tanto, en 2018 realizaron un convenio con la Universidad de Valparaíso y se evaluaron 250 edificios técnicos, pero los resultados de dicho estudio aún no están disponibles.
Cambio cultural
Desde la consultora BAU Accesibilidad, especialista en desarrollar rutas de acceso universal, señalan que a partir de fines de 2017, observaron un aumento de conciencia de las empresas por incorporar este tema, sobre todo los retailers, universidades y colegios.
“La recepción ha sido escéptica al comienzo, pero poco a poco más interiorizada”, dice la directora ejecutiva, Andrea Boudeguer.
Agrega que “para generar un cambio cultural se necesita una fiscalización oportuna, profesionales entrenados, personas empoderadas que exijan sus derechos, empresas que vean la inclusión y accesibilidad como una diferenciación en sus servicios y una sociedad que vea al otro como igual”.
Este cambio a la normativa constructiva significó que las compañías asesoras tuvieran que integrar el concepto a sus áreas de estudio. En el caso de Colliers International, la accesibilidad se incorporó al área de regularizaciones. El subgerente del área de regularizaciones de la firma, Diego Alvarado, explica que mientras en 2018 tuvieron 12 consultas respecto al Plan de Accesibilidad, en lo que va de este año, llevan más de 15, “por lo que creemos que esta tendencia va a ir en aumento”, concluye.
"Todavía falta mucho por recorrer"
Pese al mayor interés que han mostrado tanto las compañías públicas como privadas para asesorarse en el tema, Boudeguer dice que "todavía falta mucho por recorrer". A su juicio, hay conceptos que quedaron fuera de la norma. Ejemplo de ello es la falta de sistemas de evacuación. "La norma no especifica nada sobre evacuación ni zonas de refugio", dice.
Sumado a lo anterior, señala que el Minvu todavía no ha entregado el procedimiento de fiscalización a las municipalidades. Es la DOM la encargada de multar en caso de que no se cumpla la norma.
Desde el gobierno coinciden en que hay puntos "que se pueden mejorar", como por ejemplo, incorporar la exigencia de mantención durante la vida útil del espacio.
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