Por M. Villena / N. Godoy
Recuperar todo el capital, eso es lo que Nelson Contador, asesor legal de La Polar, les ofreció a los bonistas durante la junta extraordinaria de tenedores del pasado viernes. “En mi experiencia, en una quiebra los acreedores recuperan un promedio del 3% de la deuda, y acá le ofrecemos recuperar el 100%”, dijo antes de retirarse para que deliberaran e iniciaran la votación.
Un poco antes de las 12 del día los bonistas empezaron a llegar un a la casa matriz del Banco de Chile. Y la ocasión no era menor: aprobar la presentación de un convenio judicial preventivo a los acreedores, para lo cual fue Contador el encargado de realizar una presentación con los principales puntos sobre la materia.
Los días que se vienen serán intensos, porque además la empresa deberá poner el pie en el acelerador para tener sus estados financieros al 31 de julio, algo necesario para conseguir que sus accionistas concurran al aumento de capital.
La comisión
Durante los 90 días siguientes a la presentación del convenio, contados desde la publicación en el Diario Oficial, los acreedores no podrán solicitar la quiebra de la compañía, ni iniciar juicios. Esos son algunos de los puntos que contempla el acuerdo, esto si es que se aprueba.
Y es que, según lo que se acordó el viernes, existe un plazo máximo de 20 días para presentar el convenio judicial preventivo a una comisión integrado por seis personas, entre los que estarán las AFP y demás acreedores.
Esta comisión, podrá elegir un posible síndico informante del convenio, así como su renta.
En todo caso, la creación de la instancia no estuvo exenta de polémica. De hecho, uno de los momentos más tensos fue cuando uno de los abogados de AFP Habitat propuso crear una comisión integrada por las AFP, tras lo cual otro de los asistentes levantó la mano y señaló que lo mejor era que en esta hubieran representantes que cumplieran un solo rol, es decir que no tuvieran acciones y bonos al mismo tiempo.
Primeros plazos
“El lunes (hoy) podremos requerir al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago que nomine a un arbitro para que conozca de la presentación de este proposición de convenio”, señaló luego de su presentación Nelson Contador.
Y es que tras la aprobación de la propuesta empiezan a correr los plazos. Según Contador, es este árbitro la persona que seguirá conociendo las proposiciones, haciendo “en el fondo una especie de tribunal para llevar este proceso de acuerdo bajo la formalidad judicial que exige la ley”. Según el asesor de La Polar, la próxima semana, junto con conocer al árbitro, se podría presentar el convenio judicial.
La junta de acreedores, podría realizarse en los próximos 50 días.
Empiezan las negociaciones
Si bien la aprobación es algo que se había decidido hace días, entre las AFP uno de los temas que preocupaba es que al extender los plazos y modificar las tasas de las deudas, el retorno de los papeles podría reducirse entre 20% y 30%, no obstante logren recuperar todo el capital.
A su vez, los bancos ya provisionaron por el 40% de la deuda con la empresa (unos
US$ 120 millones), pero en la carrera por recuperar su capital ese era uno de los puntos menos complejo.
El pasado viernes por la mañana la firma hizo llegar a los bancos acreedores una carta indicándoles que presentarían un convenio judicial preventivo, hecho que abre el proceso para empezar a plantear cláusulas y procedimientos de pago.
El director de un banco indica que “si bien los plazos que se propondrán son largos, otra cosa es lo que vaya a salir de la aprobación”. Y es que, explica, eso no se decidirá hasta que se realice una reunión de acreedores, en la que también se deben discutir las tasas y tiempos en que vencerá el capital, así como las condiciones financieras respecto de la administración de la empresa.
En todo caso, señalan en la banca que las tasas, para estos casos, “son casi al nivel de costo de fondo, es decir UF más 3,25%, o TAB más 1,25%. Pero estas tasas, y plazos de vencimiento de capital, no necesariamente será única, podría ser caso a caso”.
El interventor
Dos son las posibilidades que puede incorporar el convenio judicial preventivo. Una, es que cree un comité de acreedores, que tenga la capacidad de suscribir determinada documentación, revisar las ventas, sus precios, y/o nombrar un interventor. Este último, puede ser o no un síndico. En caso de que lo sea, rinde cuentas a la superintendencia de quiebras. Su figura co-administra con los ejecutivos de las empresa, ya que revisa documentos, libros e incluso puede visar o no un determinado pago. También se puede decir que su rol se equipara de cierta forma con el directorio.
Nuevos interesados
Tras la experiencia que dejó el convenio judicial preventivo que llevó adelante La Polar en 1999 (ver nota relacionada), existe la posibilidad de que nuevos actores ingresen a la multitineda, además de Álvaro Saieh.
En estos momentos ya habría dos interesados en una participación relevante.
Esto, porque los últimos acontecimientos podrían motivar a que aparezca un controlador.
El primer acuerdo judicial preventivo de La Polar en los noventa
A fines de la década de los noventa, La Polar, -controlada entonces por la familia Paz- , llevó adelante un convenio judicial preventivo liderado por el abogado Nelsón Contador, quien asume la misma labor el día de hoy.
En aquella oportunidad, la multitienda contaba con pasivos de $ 30.000 millones producto de una fuerte inversión realizada vía endeudamiento bancario para levantar nuevos locales. En ese entonces la empresa se vió golpeada por la crisis asiática y no pudo recuperar la inversión.
Ahí, la compañía en conjunto con Contador elaboraron una convenio judicial preventivo que proponía: la continuación efectiva del giro; venta de activos a un operador que en este caso fue Souther Cross, fondo de inversión que pagó el 50% de la deuda al ingresar. Este monto se destinó al pago del pasivo, a un plazo de cinco años, tanto a bancos como proveedores. La cartera de cuentas por cobrar que estaba entregada en garantía a los bancos, se adjudicó y administró un interventor.
Los 1.230 trabajadores de aquella época eran recontratados por el nuevo operador, reconociéndoles su antigüedad.
Sin embargo, mientras se preparaba dicha propuesta de convenio los problemas no tardaron en aparecer. La multitienda tuvo que enfrentar 16 peticiones de quiebra. Peor aún, mientras el Tribunal resolvía la presentación del convenio en enero de 1999, el 2º Juzgado Civil de Santiago decretó la quiebra de la empresa, sentencia que fue anulada en los siguientes tres días.
El resultado económico de este convenio fue que a través del proceso de recuperación de la cartera -a cargo de un veedor- los bancos recuperaran el 70% de sus créditos. Asimismo, con el ingreso de un controlador, las órdenes de compra de los proveedores se doblaron.