A poco más de tres meses de concluir el Gobierno de Gabriel Boric, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, es de las pocas autoridades que se mantienen en la cartera desde el inicio de la administración.
De entrada, reconoce que es “un privilegio” poder hacer un balance, porque tiene “la historia completa” de lo ocurrido. Por esto, asegura a DF: “Puedo decir que en cuatro años este país está mejor y el cuidado del medio ambiente en particular está mejor. Realmente yo creo que le estamos cambiando la cara al país en el cuidado medioambiental”.
Según explica, esto se expresa en que se deja al país con una Ley para la Naturaleza, la cual crea tras más de una década de espera el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que entra en operaciones en febrero. A lo que suma también como un cambio de paradigma para el país la Ley Marco de Cambio Climático que se promulgó el 30 de mayo de 2022 y que hoy está en plena implementación.
La ministra destaca que “todas nuestras políticas públicas ambientales se realicen con un alto estándar de uso de evidencia científica es un legado personal del cual me siento orgullosa”.
“Me quedo con la tranquilidad de que tenemos un proyecto que, si lo lográramos terminar en este momento, no tiene un consenso completo, pero sí un alto nivel de consenso que permite reformar al SEIA”.
Pero también la cartera tiene vallas que enfrentar. En medio de las críticas que se han desatado en torno a la ley que crea el SBAP, el 13 de noviembre el Ministerio del Medio Ambiente informó que desacelerará el tranco respecto a la definición de los sitios prioritarios, lo que fue valorado por los gremios empresariales que lideraron una fuerte oposición indicando que el listado de 99 sitios “evidenciaba una actuación apresurada”.
Y precisamente la semana pasada se sellaron hitos relevantes en este tópico. El 3, 4 y 5 de diciembre se cerraron las consultas públicas en las macrozonas norte, centro sur, y sur, respectivamente, las cuales totalizaron -según confirmaron desde Medio Ambiente- 3.614 observaciones.
Rojas sincera que “es una cantidad gigantesca de observaciones que nos han llegado” respecto a lo que suelen recibir en estos procesos.
Consultada por cómo evalúa la relación que ha tenido con el sector privado, considerando lo que ha sido en este último tiempo el debate que involucra los sitios prioritarios, Rojas comenta que, “cuando ocurren cambios así de profundos, a mí me parece completamente normal de que existan dudas, de que haya que conversar mucho, entender correctamente las consecuencias”.
También quedarán pendientes, como la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que presentó el Gobierno. “Por supuesto que me habría gustado mucho poder avanzar más en el Congreso. Ha tocado un Congreso que ha estado muy cruzado por elecciones en todos los años y eso dificulta un funcionamiento más fluido dentro del Congreso. Se van cruzando variables externas que, lamentablemente, no me han permitido terminar ciertas proyectos de reforma que eran importantes”, admite.
A diferencia de las iniciativas previas en otras administraciones para reformar el SEIA, en este tercer intento se aprobó el texto en general en la Sala del Senado, también se logró luz verde en particular en la comisión de Medio Ambiente y hoy está en la comisión de Hacienda. Rojas aún es optimista: “Espero terminar el primer trámite, lo cual ya sería un avance igual importante”.
De todas formas, si bien dice que el SEIA es un ingrediente muy importante para enfrentar la triple crisis ambiental que se vive, defiende que han habido cambios que sí han logrado hacer en este sentido, como las modificaciones al reglamento del SEIA cuya segunda fase está hoy en la Contraloría.
“Simplemente, con la reforma al reglamento, vamos a poder despejar de manera importante que dejen de ingresar proyectos que realmente no tienen impacto ambiental y eso ya va a significar mayor eficacia, mayor eficiencia”, afirma. También, pone sobre la mesa el aporte que tendrá la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
La también doctora en ciencias atmosféricas de la Universidad de Oxford, Reino Unido, deja una máxima: “Recordemos que enfrentar el cambio climático ha sido una política de Estado, es una política de Estado y debe seguir así. Y el trabajo que hemos hecho ha sido basado en la evidencia”.
“Nos vamos a tomar todo el tiempo que corresponda para poder analizar correctamente estas observaciones, para poder darle respuesta”, dice sobre la consulta de sitios prioritarios.
- ¿Qué fue lo que no permitió que la reforma al SEIA pudiera avanzar más?
- En la comisión de Medio Ambiente del Senado, donde sí se tramitó completamente este proyecto, logramos bastantes consensos y ese diría que es la comisión más técnica. Cuando uno trabaja solamente con cinco senadores, uno puede hablar y abordar los temas con mucha más profundidad. Y nos dimos el tiempo de (tener) un trabajo de expertos, de que nos hicieran ciertas recomendaciones. Me quedo con la tranquilidad de que tenemos un proyecto que, si lo lográramos terminar en este momento, no tiene un consenso completo, pero sí un alto nivel de consenso que permite reformar al SEIA de tal manera que cumpla con su objetivo de ser un sistema acorde a los tiempos, moderno y eficaz.
- ¿Pero cuál fue la traba finalmente? ¿Fue netamente por diferencias en los contenidos?
- Al final hubo falta de tiempo. La comisión de Hacienda está sumamente demandada. Todos los proyectos tienen que pasar por ahí. Hubo varios meses en los cuales no pudimos entrar, después entramos y la votación quedó a medias. Y ahora con las elecciones, el Presupuesto, no se ha podido abordar el tema en sesión desde septiembre. Entonces, espero que podamos terminar el primer trámite al menos.
- ¿Debiera el próximo Gobierno tomar el proyecto que quede en el Congreso y persistir en una reforma al SEIA?
- Creo que sí. Creo que este es un proyecto que permite ser tomado y, bueno, mejorado. Queda todo un trámite en la Cámara. Pero el otro aspecto que también podría ser valioso es ver cómo funciona la implementación de la Ley de Permisos Sectoriales, que creo que va a ayudar a bajar harto la tensión al sistema completo.
Cuando ves el diagnóstico de a dónde se están demorando los proyectos, los más grandes, los más complejos, muchos (se demoran) en permisos sectoriales de manera muy significativa. Y cuando además simplificas las cosas más fáciles, más simples, con menor complejidad, también descargas al sistema, le quitas una carga que quizás no era tan necesaria.
La polémica definición de los sitios prioritarios
- En el caso de los sitios prioritarios, informaron que no se iba a avanzar en esta definición. ¿Qué significa en concreto?
- Nos vamos a tomar todo el tiempo que corresponda para poder analizar correctamente estas observaciones, para poder darle respuesta y nos vamos a tomar todo el tiempo que eso corresponda.
- ¿Y las respuesta a esas observaciones puede pasar más allá del Gobierno?
- A mí me gustaría obviamente que pudiéramos cerrarlas nosotros, el análisis por lo menos y las respuestas. Pero nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para hacer este trabajo correctamente.
- En concreto, no es que se pare el proceso. ¿No avanzar es netamente ‘no vamos a tomar esta definición en este gobierno, vamos a esperar’?
-Vamos a cerrar correctamente esta etapa que es la de la consulta pública para tener todos los antecedentes bien robustos. Sobre estos 350 sitios prioritarios que existen, estos 99 que fueron priorizados con ciertos criterios. Ahora, este es un trabajo que empezamos el 2024 a realizarlo. Y pedimos antecedentes, pero claramente han llegado muchos más. Así es que bienvenidos esos antecedentes.
Siempre me he caracterizado que las políticas públicas que he implementado acá en el Ministerio tienen que estar bien hechas y, por lo tanto, nos vamos a tomar todo el tiempo para que quede bien hecho.
Relación con privados: “Se ha ido construyendo de una manera positiva”
¿Ha sido más complejo de lo esperado la relación con los privados o más bien el debate por los sitios prioritarios fue una circunstancia puntual? “Evalúo que la relación se ha ido construyendo de una manera positiva. Este nuevo Servicio (SBAP) genera dudas normales de cuáles van a ser sus tareas, cuáles son los instrumentos que trae, etcétera. De hecho, probablemente muchos de los instrumentos todavía ni siquiera se conocen, pero hay varios instrumentos económicos para el cuidado de la biodiversidad (...) De verdad, siento que es un ajuste natural, con un Servicio nuevo que no existía”, dice Rojas. Consultada por si el sello de “Gobierno ecologista” pudo haber pesado en la relación con los privados, la autoridad recalcó que que el hecho que un gobierno se declare como ecologista significa que los temas de naturaleza, ambientales, estén en el centro de la toma de decisión del gobierno.
En ese sentido, destacó la Estrategia Nacional del Litio y la Estrategia de Hidrógeno Verde, dos agendas productivas con una mirada medioambiental que la tiene -confiesa- “muy orgullosa”.
Dominga: “No ha habido una evaluación reciente con el hecho de que las condiciones ambientales han cambiado”
Ministra asegura que en estos años ha habido un “loop judicial” que nunca ha vuelto a evaluar el proyecto con condiciones que hoy están más críticas.
La oposición del Gobierno al proyecto minero-portuario Dominga, cuya inversión supera los US$ 3.000 millones, ha sido firme. Sin embargo, la justicia le dio el vamos a la polémica iniciativa. ¿En qué pie queda el Gobierno?
La titular del Medio Ambiente sostiene que el Archipiélago de Humboldt es un lugar de un altísimo valor ecosistémico y que el pingüino de Humboldt -que estaba categorizado como vulnerable- hoy está en peligro de extinción. “El objetivo del Ministerio del Medio Ambiente es resguardar que ese archipiélago esté bien cuidado. Por eso declaramos el área marina protegida de múltiples usos, birregional y por eso estamos hoy trabajando en su plan de manejo. Ése es el objetivo y ésa es la tarea y la obligación y la responsabilidad del Ministerio y de mí como ministra en particular”, dice, agregando que en ese lugar hay muchas otras especies.
Y enfatiza: “Esa es la tarea que tenemos que asegurar: que con esos instrumentos resguardemos este lugar tan valioso”.
- ¿Dominga dañaría esa protección? ¿La pondría en riesgo?
- Es que esa evaluación fíjate que no existe. Porque en todos estos años ha habido un loop judicial que nunca ha vuelto a evaluar el proyecto con condiciones que claramente han cambiado. Las condiciones están más críticas. Y es importante que el desarrollo económico del país no se haga a expensas de patrimonio natural, que también es patrimonio y también es capital natural del país y de la cual viven personas económicamente, no solamente es el valor ecológico, sino que aquí estamos hablando de actividades como la actividad científica, turística, y también de pesca artesanal, etcétera, que se realizan en esa región y en ese ecosistema. Y eso tiene un valor ecológico, un valor económico y también un valor social.
- ¿La justicia no se hizo cargo de ese impacto?
- No ha habido una evaluación reciente del proyecto con el hecho de que las condiciones ambientales han cambiado.
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Karen Peña
