En medio de las críticas que se han desatado en las últimas semanas en torno a la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), este jueves el Ministerio del Medio Ambiente informó una decisión relevante: desacelerará el tranco respecto a la definición de los sitios prioritarios.
"Como resultado del masivo proceso de consulta pública y de los diálogos sostenidos por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Aarón Cavieres, con gremios productivos y sociedad civil, sobre sitios prioritarios, el Ministerio informa que no avanzará en la definición de este primer listado hasta que los insumos surgidos de estos procesos sean analizados en profundidad", sostuvo en un comunicado.
Por un lado, esto implica esperar el término de la participación ciudadana respecto a los 99 sitios prioritarios, y además una consulta indígena del reglamento que abarca puntualmente este aspecto de la ley SBAP. Luego de eso, comentan fuentes, vendrá un análisis cuyo fin no tendría una fecha clara.
De esta manera, si bien el SBAP tiene que estar implementado en los próximos meses ya que entra en operación el 1 de febrero, la definición de los sitios prioritarios -que es un transitorio de la ley en cuestión- lo más probable es que quede para el próximo Gobierno.
El Ministerio liderado por Rojas aseguró que han llevado adelante este proceso de acuerdo con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la ley 21.600. "Los aportes recibidos en el marco de la consulta pública aún vigente, que a la fecha ha recibido más de 2.000 observaciones, permitirán robustecer esta política pública y dar certeza sobre su alcance a todos los actores", precisó.
Y recalcaron: "El Ministerio del Medio Ambiente se encuentra trabajando decididamente para despejar dudas y atender las observaciones recibidas, con el compromiso de mantener el diálogo e impulsar un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás".
A fines de octubre, los principales gremios productivos del país encendieron las alarmas por la implementación de la ley SBAP respecto a la determinación de 99 sitios prioritarios a proteger a lo largo de Chile, los cuales -según advirtieron los privados- pondrían en jaque las actividades que actualmente se desarrollan en dichas áreas.
Esto gatilló que la ministra Rojas saliera a "desmitificar" parte de las críticas y anunciara una extensión del plazo de la consulta pública por 21 días hábiles.
Celebración del mundo privado
Rápidamente, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) salió a respaldar la decisión del Ejecutivo.
“Valoramos esta decisión que era absolutamente necesaria y da cuenta de que el Gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas que protejan la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico que el país requiere”, dijo el presidente del gremio, Jorge Riesco.
Según esta asociación, el listado de 99 sitios "evidenciaba una actuación apresurada" y "sin sustento técnico".
Así, Riesco agregó que "la unión de los principales gremios productivos de Chile en torno a esta materia ha demostrado que cuando el sector privado trabaja coordinadamente, podemos contribuir a mejorar las políticas públicas y dar cuenta que una mala implementación tiene costos enormes para el desarrollo y progreso del país".
En tanto, el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, argumentó que "esta acción evidencia que el proceso llevado a cabo hasta ahora carecía de la debida transparencia y participación de los actores involucrados".
Además, planteó que quedan más de una decena de reglamentos de la Ley SBAP para ser analizados. "Esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente y sus autoridades entiendan que, para la elaboración de una buena política pública, se debe trabajar escuchando a todos los sectores y no solo a unos pocos", sostuvo.
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