“Inaceptable”, “apresurado” y con “una opacidad difícil de entender”, fueron parte de los duros calificativos con que los líderes de los principales sectores productivos del país se refirieron a la implementación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente.
El quiebre entre los empresarios y el Ejecutivo surgió en el último tramo del proceso, específicamente en la determinación de 99 sitios prioritarios a proteger a lo largo del país, los cuales, según las distintas industrias, pondrían en jaque las actividades que actualmente se desarrollan en dichas áreas.
“Se está actuando de manera apresurada, sin ningún análisis técnico y sin escuchar a los sectores productivos involucrados. Resulta inaceptable que se estén afectando actividades previamente autorizadas para el desarrollo productivo, amenazando transformar una buena política pública en un obstáculo para la reactivación económica y el desarrollo del país”, leyó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, quien lideró el trabajo para generar una declaración conjunta.
Lo acompañaron los presidentes de la CPC, SalmonChile, Sonapesca, Corma, la Cámara Chilena de la Construcción, Pescadores Industriales del Biobío, Aprimin y Corproa.
Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente. Foto: Aton
Acusaron al Gobierno de “firmar apresuradamente decretos de amarre que determinarán el futuro productivo de Chile y que difícilmente se podrán corregir después”. El líder minero agregó: “Estamos frente a una posible expropiación regulatoria, que le impedirá al dueño -de los sitios- realizar los atributos más esenciales de su propiedad privada sin ninguna compensación y eso debe llamarnos a alerta”.
La presidenta del gran empresariado, Susana Jiménez, comentó que la metodología de La Moneda no se condice con la de una ley que requiere de un reglamento previo para definir bien cuáles serán los sitios susceptibles de protección y advirtió: “Esto virtualmente puede generar un congelamiento de la actividad productiva”.
Jiménez también emplazó al Consejo de Ministros de Sustentabilidad y Cambio Climático para que “los ministros sectoriales, de Energía, Minería, Economía y Agricultura, sean quienes levanten el necesario contrapeso de cuánto esto puede afectar la actividad productiva”.
Desde el mundo salmonero, Arturo Clément llamó a no transformar el SBAP en “una nueva Ley Lafkenche” y acusó que “la opacidad que hay detrás de todo esto ha sido realmente difícil de entender”.
Alfredo Echavarría, líder del gremio de la construcción, criticó que “esta es una barrera adicional que solo contribuye a ahuyentar inversiones” y disparó contra “la exacerbación de esta visión del medio ambiente a ultranza”.
Eventual afectación
Riesco cuantificó que los sitios prioritarios afectarían a 302 pertenencias mineras en todo el país, además de una superficie potencial de exploración capaz de contener hasta 20 millones de toneladas de cobre en el subsuelo.
De acuerdo con cálculos de la industria minera en base a los mapas de los sitios prioritarios, un 25% de toda la Región de Atacama quedaría bajo resguardo, imposibilitando las actividades ya existentes en esa área.
En el caso de la salmonicultura, los sitios comprometerían la zona mixta entre la Región de Los Ríos y la Región de Los Lagos, mientras que en la industria forestal se ven involucrados bosques, plantaciones e incluso plantas industriales.
Rodrigo O`Ryan, presidente de los madereros, advirtió que “el impacto puede ser tremendo” para su sector. Solo este gremio ya ha presentado 100 comentarios técnicos al reglamento de la ley.
Los empresarios manifestaron su disposición al diálogo, a aportar con propuestas y antecedentes técnicos, y a conformar mesas de trabajo que involucren a todos los sectores. “Chile puede y debe proteger su biodiversidad sin sacrificar sectores estratégicos para su desarrollo”.
Desde los grupos Luksic a Errázuriz hasta pymes: norma suma más de 2.000 observaciones críticas
La Ley SBAP (21.600) se encuentra actualmente en consulta ciudadana. Su plazo inicial iba entre el 17 y 21 de octubre, pero ante el rechazo empresarial se extendió hasta el 5 de noviembre. “No es suficiente”, se cuadraron los presentes en la cita de ayer, solicitando al Gobierno una nueva prórroga.
En la página web del Ministerio de Medio Ambiente, se observa que los gremios ya han emitidos observaciones sobre la determinación de los sitios prioritarios. Pero no son los únicos: figuran otras asociaciones, grandes empresas, personas naturales y comunidades indígenas. En las tres macrozonas, los comentarios y observaciones bordean los 2.100 en total.
En la consulta respectiva a la Macrozona Norte, saltan nombres como la Asociación Chilena de Desalinización (Acades), Sociedad Contractual Minera El Encierro representada por Antofagasta Minerals del grupo Luksic, Minera Copiapó, la Sociedad Nacional de Agricultura y distintas sociedades con pertenencias mineras.
En la Macrozona Centro se han presentado 1.300 observaciones, donde más de la mitad son de trabajadores de Compañía Minera La Patagua, que inician con: “Deseo manifestar mi preocupación por los efectos que podría generar la delimitación del sitio prioritario sobre mi fuente de trabajo y la de mis compañeros”. Se suma Minera Los Pelambres -también del grupo Luksic-, empresas contratistas de transporte minero, firmas agroindustriales, entre otras. En el extremo austral, destacan comentarios de la minera mexicana Fresnillo, que formula su “oposición formal” a la eventual dictación de los sitios. Por su parte, Grupo Errázuriz expuso reparos a través de varias de sus sociedades.
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Patricia Marchetti
