Los principales gremios productivos del país se reunieron este miércoles para alarmar por la implementación de la Ley SBAP del Ministerio de Medio Ambiente y el impacto que los 99 sitios prioritarios definidos por el Gobierno tendrían en sus respectivas actividades, generando un efecto dominó en las industrias y la economía.
“Se está actuando de manera apresurada, sin ningún análisis técnico y sin escuchar a los sectores productivos involucrados. Resulta inaceptable que se estén afectando actividades previamente autorizadas para el desarrollo productivo, amenazando transformar una buena política pública en un obstáculo para la reactivación económica y el desarrollo del país”, sostuvo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, quien convocó a sus pares para la declaración conjunta.
A su lado, lo acompañaron la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; el presidente de SalmonChile, Arturo Clement; el presidente de la CCHC, Alfredo Echavarría; el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval; el presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan; la vicepresidenta de la SNA, Carolina Cruz; la presidenta de Pescadores Industriales del Bío Bío, Macarena Cepeda; la presidenta de Aprimin, Dominique Viera; el presidente de Corproa, Juan José Ronsecco; y el gerente general de Corminco, Ignacio Pinto.
El líder minero cuantificó que la legislación afectaría a 302 pertenencias mineras, además de una superficie de posible exploración que podría contener hasta 20 millones de toneladas de cobre. En total, el 25% de la superficie de la Región de Atacama se encontraría en zonas prioritarias de protección, según lo definido por el Ejecutivo.
"Estamos frente a una posible expropiación regulatoria", acusó Riesco. “Es una expropiación que le impide al dueño realizar los atributos más esenciales de su propiedad privada sin ninguna compensación y eso debe llamarnos a alerta”.
La líder del gran empresariado, Susana Jiménez, manifestó que desde la CPC ven "con mucha preocupación iniciativas como ésta, que, a través de decretos exentos, se están estableciendo sitios prioritarios que son una extensión de áreas protegidas en sectores de derecho privado donde hay iniciativas de inversión de todos estos rubros".
"Esto virtualmente puede generar un congelamiento de la actividad productiva”, subrayó y comentó que la metodología llevada a cabo por el Gobierno “no se condice con una ley que requiere un reglamento previo que defina bien cuáles van a ser estos sitios que van a quedar con esta protección y cómo eso es compatible con la actividad que el país necesita".
Por su parte, el presidente de SalmonChile dijo que, en el caso de su sector, los sitios prioritarios comprometen el área mixta entre la Región de Los Ríos y la Región de Los Lagos. "Necesitamos procesos abiertos y transparentes y, en este caso, la opacidad que hay detrás de esto ha sido realmente difícil de entender”, expresó y llamó a no transformar la nombrada política pública "en una nueva Ley Lafkenche".
Desde la CChC, Echavarría criticó que “esta es una barrera adicional que solo contribuye a ahuyentar inversiones”.
En la declaración conjunta, los líderes gremiales indicaron que “nos preocupa profundamente que al término de este Gobierno se firmen apresuradamente decretos de amarre que determinarán el futuro productivo de Chile y que difícilmente se podrán corregir después”.
Cerraron manifestando su disponibilidad para dialogar, aportar con propuestas y antecedentes técnicos que fortalezcan la discusión. “Chile puede y debe proteger su biodiversidad sin sacrificar sectores estratégicos para su desarrollo ni truncar las aspiraciones de millones de chilenos”.
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Patricia Marchetti
