A una semana de que se realice la audiencia preparatoria por la querella presentada por Codelco que busca el desafuero laboral de una veintena de sus históricos dirigentes de Chuquicamata y Radomiro Tomic por estafa en la administración de seguros de vida, los demandados ingresaron diversos escritos respondiendo las acusaciones y aseguraron que la acción carece de todo fundamento fáctico y jurídico y que además obedece a una "campaña de terror y desprestigio" en contra de la dirigencia.
El primer escrito que contesta la demanda es el presentado por Liliana Ugarte, Víctor Galleguillos, Mario Lobos, Carlos Díaz, Víctor Navarro, Armando Silva y Juan Espinoza, del Sindicato N°2 de Chuquicamata. En 23 páginas, señalan que frente a deficiencias de los proyectos de la empresa y los cuestionamientos a sus más altos ejecutivos por falta de probidad y tráfico de influencias, Codelco inicia esta acción bajo la "política del empate". Esto, según aseguran, para silenciar a los sindicatos que son la única institución que fiscaliza, cuestiona y denuncia.
En esa línea, los dirigentes acusados plantean que Codelco no sólo ha ignorado a las organizaciones sindicales y sus planteamientos sino que decidió "descabezar a los sindicatos, exonerando sus trabajos a los dirigentes sindicales, a fin de imponer reestructuraciones y despidos, sin oposición".
Profundizando en el fondo del caso seguros, se recalca que el supuesto valor actual y excesivo de las primas de seguros es conocido por las autoridades en diciembre de 2018 y que se optó por preparar un golpe artero contra los sindicatos de Chuquicamata en lugar de ocuparse de solucionar el problema.
"Simplemente debía comunicar los antecedentes que poseía a los sindicatos y la compañía de seguros, a fin de aclararlos y adoptar medidas que fueren pertinentes, como cotizar los seguros de inmediato en el mercado para verificar las sospechas que tenía y suspender los pagos", se declara, agregando que si fuere efectivo que el precio de las primas era excesivo, diversos ejecutivos de nivel divisional y central y asesores de la minera habrían incurrido en negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones.
El sindicato califica de "curioso" que los ejecutivos de Codelco aleguen haber sido engañados en sucesivas negociaciones colectivas y su posterior ejecución del contrato durante 15 años. "La excusa consistente en que se había delegado la administración de los recursos destinados al pago de los seguros a los sindicatos y que ellos sólo pagaban lo que le dijeran los sindicatos es inaceptable, más parece una confesión de negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones, de la cual deben responder. De hecho, deberían ser todos despedidos", lanzan.
Mientras, en un documento de 40 páginas, Cecilia González, Héctor Roco, Luis Astorga, David Bernal, Humberto Navarro, Alberto Muñoz y Freddy Paniagua -del Sindicato N°1 de Chuquicamata- también hacen sus descargos. Uno de los principales argumentos es la contradicción que deja entrever la demanda al señalar que ellos habrían administrado seguros colectivos de vida y trabajo con total independencia, a pesar de que se ha reconocido que a la empresa también le correspondía opinar sobre las bases de licitación.
La organización liderada por González asegura que no hay sobreprecio y critica que la demanda no precisa cómo construye este concepto y a qué tiempo alude cuando se compara con el valor de mercado. Asimismo, se asegura que el Sindicato N°1 nunca suscribió un contrato de prestación de servicios con la empresa Gestión y Servicios (GyS) a propósito del seguro de vida y accidentes personales. "La demanda asegura que existen pagos recibidos por el Sindicato N°1 provenientes de GyS y ello no es verdad. Desconocemos el rol de esta empresa con otras organizaciones sindicales", enfatiza.
En tanto, los dirigentes del Sindicato N°3 Rolando Milla, Héctor Milla, Fidel Chavez, Jeannette Astudillo, Hernán Guerrero y Miguel Véliz, también plantearon sus argumentos lanzando sus dardos contra el informe de Cochilco que sirvió de sustento a Codelco. Esto, entre otras razones, porque omite indagar en las responsabilidades de quienes cumplen un rol directivo y no de mera supervisión.
Coincidiendo con sus pares, también rechaza la afirmación de Codelco respecto de que el sindicato habría contratado los servicios de GyS como empresa intermediaria para el desarrollo de las licitaciones y renovaciones.
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