La Contraloría General de la República rechazó este miércoles la solicitud de reconsideración presentada por Codelco sobre el polémico dictamen de Contraloría que puso en jaque la aplicación del plan de retiro voluntario que la cuprífera mantiene vigente desde 2012.
Esto luego que el Contralor, Jorge Bermúdez, asegurara que "no puede desconocerse su carácter de empresa pública y, consecuentemente con ello, de integrante de la Administración del Estado y administradora de recursos públicos".
Sin embargo, en un nuevo dictamen firmado este miércoles, Bermúdez precisó que el alcance del dictamen recurrido "no ha determinado la imposibilidad de que Codelco lleve a cabo negociaciones colectivas con sus trabajadores, como pareciera entender el interesado".
El oficio firmado por el mismo Contralor afirma que el pronunciamiento "de manera alguna significa impedir que la anotada empresa pública dé cumplimiento a la normativa legal aplicable en el marco de las relaciones laborales existentes con sus trabajadores; como tampoco implica desconocer sus facultades para llevar a cabo negociaciones colectivas con estos y hacer efectivos los respectivos acuerdos. Menos aún tal dictamen no se refiere a la forma de administración de la aludida Corporación ni pretende hacerle aplicable a esta las reglas de los servicios públicos, el Estatuto Administrativo ni el sistema de contratación pública".
"En consecuencia, el pronunciamiento no ha afectado las facultades de la empresa de negociar colectivamente con sus trabajadores ni tampoco de pactar en los respectivos instrumentos, beneficios por sobre los legales", detalló.
Tranquilidad en Codelco
El oficio fue recibido con "tranquilidad" por la minera, según lo detalló en una comunicación interna de la compañía.
"La empresa recibe con tranquilidad el reconocimiento de las atribuciones de su gobierno corporativo y del modelo de gestión, que ha puesto en su centro los principios de eficacia, eficiencia y probidad", explicó.
"Asimismo, la empresa confía en que los criterios contenidos en este dictamen aclaratorio, que confirman las facultades de administración y disposición que la ley radica en el directorio de la empresa, serán también ratificados en relación con las restantes materias propias de la gestión del gobierno corporativo, labor que desarrolla con el mayor resguardo del patrimonio público que le corresponde gestionar y en el mejor de los intereses de la Corporación y del país", concluyó.
Origen del conflicto
Cabe recordar que el dictamen en cuestión se refirió a los más de $ 511 millones que recibió Augusto González, exdirector de la cuprífera, tras acogerse al plan de retiro para abandonar la compañía en 2015.
En eso, recuerda que el dictamen previo "hizo presente la existencia de una doble cobertura ante la contingencia de término de la relación laboral", por lo que "se señaló que esa particular situación debía analizarse a la luz de los principios de probidad, eficiencia y eficacia, reseñándose, además, el criterio jurisprudencial de esta Entidad de Control en relación con la libertad de disponer del patrimonio de la empresa cuando sus decisiones conducen al pago de montos como el referido".
Además, remarca que la estatal "como parte de la Administración del Estado, encargada de la explotación de un recurso estratégico para el país, debe manejar el patrimonio que el legislador ha puesto a su disposición de un modo congruente con los principios básicos de toda administración de recursos públicos, lo que implica una gestión eficiente y eficaz que responda al interés general de la entidad por sobre el particular".
Con todo, sostiene que Codelco, en el ejercicio de sus funciones "debe supeditarse al principio de probidad administrativa (...) por lo que sus autoridades deben actuar dando preeminencia al interés general por sobre el particular, y no como pretende el recurrente".
"En consecuencia, esta Contraloría General, al advertir sobre una situación particular que verificó en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, mediante el dictamen impugnado, dejó de manifiesto una realidad referida a que Codelco, en su calidad de empresa pública creada por ley e integrante de la Administración del Estado, debe ajustar su actuar, en las decisiones que adopte, a los principios de eficiencia, eficacia y probidad", concluyó.
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