Siguen los coletazos y escala la tensión en el conflicto que mantiene la Contraloría General de la República con la administración de Codelco.
Todo esto a raíz de las investigaciones que ha impulsado el órgano liderado por Jorge Bermúdez en las que se detallaron irregularidades en las asignaciones de contratos directos de parte de la minera.
En ese sentido, se revelaron nuevos detalles respecto de la auditoría reservada que presentó el contralor en su visita al Congreso el pasado miércoles, la que se trató de una revisión aleatoria del 5% de los contratos suscritos por la minera entre los años 2013 y 2015.
Al realizar esas indagaciones, Bermúdez habría encontrado irregularidades que, según conocedores del informe, se centrarían en gran parte a los pactos celebrados con Hatch, empresa a cargo del desarrollo ingenieril del proyecto Chuquicamata Subterráneo, y cuyos antecedentes se encuentran en la Fiscalía, ente que deberá determinar posibles delitos de negociación incompatible o derechamente, un eventual fraude al Fisco.
A lo anterior, se suma la inquietud de que la misma empresa se quedó con los demás contratos y reformulaciones que ha sufrido en varias ocasiones el proyecto original, los cuales incluso han sido expedidos en un solo día, lo que no es lo común en este tipo de procedimientos que requieren de autorización notarial.
Los otros ítemes que fueron cuestionados en el informe presentado al Parlamento tienen que ver con desembolsos superiores a los US$ 1,5 millones en concepto de banquetería y fiestas, a lo que se suman más de US$ 150.000 en regalos y entre US$ 35.000 y US$ 40.000 en suscripciones a sitios web sobre humor.
A partir de esta información, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados acordó citar para el próximo lunes a representantes de Cochilco, institución encargada de fiscalizar a la empresa estatal, así como al Fiscal Nacional, para determinar los alcances de las supuestas infracciones.
Codelco va a la justicia
De parte de la estatal, en tanto, anunciaron que acudirán a la justicia para zanjar el conflicto “de modo de esclarecer el marco normativo que rige a la empresa”, acusando que las declaraciones de Bermúdez “dificultan una solución por la vía administrativa”.
Asimismo, desde la empresa minera precisaron que las indagaciones dadas a conocer “no apuntan a la existencia de un daño patrimonial para la empresa, sino que indica que se habría incumplido el deber de informar a la Contraloría y a la Cámara de Diputados tal como señala la Ley de Compras Públicas”.
Finalmente, añadieron que ellos no cuestionan las facultades de la Contraloría para supervisar los procesos de la compañía, pero explicitan que sí difieren “en cuanto a que la entidad contralora tenga las competencias y atribuciones para evaluar el mérito empresarial de las decisiones del negocio”.
EX DIRECTIVOS CRITICAN ACTUAR DE LA CONTRALORÍA
Ejecutivos que pasaron por la empresa también se hicieron parte del debate y apuntaron a que el accionar de la Contraloría afecta directamente a la gestión de la empresa.
El ex presidente ejecutivo de la estatal, Juan Villarzú, comentó que durante su mandato vivió una situación similar, "en la que la Contraloría investigó y a pesar de que no tenía atribuciones de fiscalizar, manifestamos nuestra disposición de ayudar. Ellos investigaron y finalmente no encontraron nada". Según el economista, esto afecta al desarrollo de la empresa porque crea "un clima de desconfianzas", a pesar de que los sistemas de control de la estatal "son muy estrictos, más que cualquier otra empresa de la minería".
Sergio Jarpa, ex vicepresidente de Codelco, señaló que "estuve en muchas instancias de asignación de contrato, y en lo que a mí me tocó participar, puedo asegurar que se cumplieron todas las normativas", a lo que agregó que "es muy difícil que en Codelco puedan darse este tipo de situaciones. Desde mi experiencia, esta es una de las empresas más controladas del mundo", remató.
Agregó que le parece legítimo que se fiscalice.
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