Un nuevo actor se sumó a las acciones judiciales contra el expresidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro Contador. El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Patricio Elgueta, en representación de la organización, interpuso el viernes una querella criminal contra el ingeniero civil en minas por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, sin perjuicio de otros ilícitos que pudieran acreditarse en el curso de la investigación, así como en contra de todos aquellos que resulten responsables de los hechos indagados.
La decisión se tomó luego de que el pasado 28 de abril el consejo directivo nacional de la FTC se reuniera para analizar si era factible o no realizar el tradicional Congreso anual de la organización fijado para este mes considerando la crisis sanitaria. En el encuentro, además de optar por reprogramar el evento y monitorear futuras fechas para su realización, se acordó hacerse parte de las acciones presentadas por la empresa y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), las que están agrupadas a la investigación que por los mismos hechos indaga la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
A través de un escrito de 22 páginas ingresado al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago e impulsado por el abogado Pablo Méndez, se solicita que la querella -en caso de ser declarada admisible- sea vinculada a la causa que actualmente lleva adelante la Fiscalía.
En el documento se asegura que Pizarro, valiéndose de su cargo de presidente ejecutivo de Codelco, "presionó" para la contratación de la empresa de propiedad de José Miguel Julián González, mediante trato directo en la División El Salvador, por sumas millonarias que habrían sido pagadas a través de la venta de un inmueble de propiedad de la sociedad San José, también de Julián, a un valor ocho veces bajo el avalúo fiscal, a Nelson Pizarro Contreras -hijo del extimonel de la estatal- y su cónyuge.
"De no mediar la presión y cargo ejercido por Pizarro Contador, los hechos relatados no hubieran ocurrido", sostiene el escrito, agregando que según antecedentes recopilados por la FTC, el expresidente ejecutivo presionó al gerente general de la División El Salvador, Carlos Avendaño, para asignar en forma directa los contratos a la empresa Indak, de propiedad de Julián.
Finalmente, se pide desarrollar diversas diligencias investigativas: que la Brigada de Lavado de Activos determine la efectividad de los hechos denunciados, que se disponga el alzamiento del secreto bancario del expresidente ejecutivo, citar a declarar en calidad de testigo al entonces gerente general de la División El Salvador, y que se decrete la inmediata incautación de todas las comunicaciones -especialmente correos electrónicos- entre ambos Pizarro y Avendaño.
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