Sin buenos resultados terminó la conciliación entre Glencore y Antofagasta Minerals (AMSA), por el conflicto que mantienen en Argentina, a raíz de que Los Pelambres construyó por error un botadero de estériles tras la frontera, en terrenos del proyecto El Pachón.
Pese a que hace poco más de una semana se había avanzado en un acuerdo para que AMSA cerrara la escombrera, ayer eso no se logró plasmar en un documento con la firma de los tres actores: las dos mineras y el Fiscal que representa a San Juan.
Según trascendió, la principal diferencia fue que la minera suiza solicitó visar el plan que presentara AMSA, lo que no fue aceptado por la minera nacional.
Según trascendió, la suiza veía que al no haber un plan ni un cronograma concreto, era como dar un cheque en blanco en circunstancias que se hará sobre su territorio. En cambio, la minera nacional veía poco factible que con ese poder, se les aprobara un plan de obras.
Otro tema que complicó era por dónde se realizaban las obras. Mientras AMSA propone que sea por Chile, Glencore dice que debe ser por Argentina. El argumento de ambas firmas es que hacerlo como cada una de ellas propone es más expedito que como recomienda la otra.
De todos modos hay cierto consenso en que, por ejemplo, el retiro de más de 400 neumáticos que hay que realizar, debe hacerse por la frontera, ya que facilita temas como la reubicación.
Con el rechazo de la conciliación, el juez federal de San Juan solicitó que AMSA presente hasta el 21 de agosto un plan de control ambiental mientras dura el juicio, que es la medida precautoria que solicitó Glencore ante la autoridad.
Según trascendió, AMSA entregaría la próxima semana un plan de cierre concreto para la escombrera, el que fue elaborado por una empresa reconocida en este ámbito e incluiría hacer obras no sólo en el lado argentino, sino que también en Chile.
Origen del conflicto
El problema por el botadero llamado Cerro Amarillo surgió cuando en 2012 se detectó que había un error en la cartografía utilizada por Los Pelambres, lo que implicó que parte del botadero quedara en Argentina.
La empresa de capitales nacionales argumenta que ella obtuvo todos los permisos en 2004, con la cartografía oficial vigente, que no advertía de este nuevo límite.
Glencore presentó en 2014 una demanda civil y este año agregó una penal en busca de responsables.
Estas dos aristas siguen su curso, sin mayor avance hasta la fecha. Está pendiente que se resuelva la competencia del juez, ya que AMSA señala que esto debe resolverse en instancias binacionales.
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