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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Lunes 30 de abril de 2018 a las 04:00 hrs.
Se ha conocido el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que acogió la reclamación de los controladores del Proyecto minero-portuario Dominga, que terminó por anular las decisiones de la Comisión de Evaluación de Coquimbo y del Comité de Ministros que rechazaron el proyecto, y retrotrajo la evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación, a objeto de que se proceda a una nueva votación en esa Comisión regional.
Esto, según la sentencia, debido principalmente a los “manifiestos vicios de fundamentación” del Comité y a la falta de motivación de la votación en la Comisión de Evaluación, lo que constituye un “vicio esencial no subsanable ni convalidable”.
Además, acoge el argumento de la empresa respecto de las circunstancias de la decisión de los ministros, con una citación urgente, sin conocer los antecedentes y sin justificar una situación de emergencia.
El punto más relevante de la sentencia es la exigencia de que las actuaciones de la autoridad deben ser fundadas y motivadas, limitando su discrecionalidad al momento de calificar ambientalmente un proyecto, lo que en este proceso no habría ocurrido.
Por el contrario, se señala que las decisiones carecieron de fundamentos y contrarias a la ley.
Sin duda, este estándar de motivación y de respeto normativo constituye una señal positiva para todos los actores en la evaluación ambiental.
Por otra parte, la sentencia incorpora tres sugerencias para la autoridad (la primera es la necesidad de contar con una Guía Metodológica para Línea de Base del Medio Marino, otra es la mayor capacitación para los funcionarios, y por último, la necesidad de ordenar las facultades de ciertos servicios públicos), todos temas de competencia exclusiva de la Administración, aun cuando pudieren ser atendibles.
En suma, se trata de un fallo relevante y polémico, que seguramente será recurrido a la Corte Suprema, la que deberá revisar los criterios indicados, junto con la decisión final respecto de Dominga.
Por ello, puede decirse que esta historia continuará.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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