El presidente del directorio y controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, respondió al oficio de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por las eventuales irregularidades en pagos, presumiblemente, para financiar campañas políticas.
En el documento de cinco puntos, Ponce reconoció que la compañía detectó el pago por servicios de publicidad que no cumplen con los requisitos para ser considerados gastos bajo la Ley tributaria chilena, por la falta de antecedentes o documentos y porque ésos gastos podrían no cumplir con los requisitos para generar una devolución.
Estos gastos, dijo Ponce en su respuesta a la SVS, totalizan aproximadamente US$ 11 millones, un promedio de US$ 1,8 millones al año entre 2009-2013, representando del 0,15% del costo de bienes vendidos por SQM para cada uno de los 6 años del periodo. "Los pagos están asociados con boletas emitidas por compañías y personas con direcciones tributarias en Chile", especificó el empresario.
En el segundo punto de la respuesta al regulador, el empresario dijo que el proceso de corrección de las respectivas declaraciones anuales comenzó el 20 de marzo de este año y que ayer presentó los documentos vigentes finales al SII para su análisis.
En su declaración, Ponce Lerou detalló que la compañía pagó US$ 4 millones relacionados a gastos que no califican como gastos tributarios (35%) y aproximadamente US$ 3 millones relacionados a intereses.
La compañía aseguró que estos montos se verán reflejados en sus estados financieros consolidados temporales, correspondiente al periodo enero-marzo 2015, que y serán cargados a las utilidades.
En esa línea, dijo que también pueden ser sancionados bajo el código tributario chileno. "Esta potencial sanción será emitida en pocas semanas", dijo Ponce.
Adicionalmente, en el quinto punto, la firma dice que el fiscalizador liderado por Michel Jorrat está realizando una revisión tributaria de la minera no metálica.
"La compañía ha sido y continuará siendo revisada por las autoridades competentes como cualquier otra persona o empresa en Chile. La firma no puede garantizar que esas revisiones no llevan a la identificación de otras situaciones que pudieran resultar en otras implicancias tributarias".
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