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Publicado: Miércoles 15 de octubre de 2014 a las 05:00 hrs.
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, firmó ayer el decreto que declara zona de escasez hídrica en comunas de dos provincias de la Región de Valparaíso. Se trata de La Ligua, Cabildo, Zapallar y Papudo, en la provincia de Petorca, y Putaendo en la provincia de San Felipe. La medida se adoptó tras la constatación de parámetros hidrológicos deficitarios en las zonas señaladas y tendrá una duración de seis meses, con el fin de asegurar el abastecimiento de agua potable para la población, así como la posibilidad de implementar acciones de emergencia para apoyar a los agricultores afectados por la prolongada sequía que afecta a esa parte de la región. En la práctica, la dictación de este decreto implica que en dichas comunas las autoridades podrán analizar y decidir las medidas tanto de alcance local como regional pertinentes, comenzando con las resoluciones en que se autorice a la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP a hacer sondajes y a extraer aguas de pozos de emergencia, especialmente aquellos vinculados a sistemas de Agua Potable Rural, para apoyar el abastecimiento de este recurso para la población afectada, además de los procedimientos que pueden adoptar otros organismos del Estado para mitigar los efectos de la escasez entre los agricultores de la zona.
Estudio sostiene que solo once de las 34 comunas del Gran Santiago tienen aprobado su PIIMEP, a pesar de que -se afirma- ya están recaudando recursos por esta vía desde 2021.
En total, se trataría de 1.910.610 consultas y 312.628 cirugías en todo el país, que podrían realizarse si se usa la totalidad de la capacidad de los prestadores privados y aplicando criterios de movilidad de pacientes y recursos médicos.
La startup, que desarrolló una tecnología que permite sustituir la leña, el carbón y el petróleo por gas licuado, proyecta cerrar el año con 10 clientes en el mercado peruano y establecer una red de proveedores en ciudades del sur de Chile.
La medición también constató que el 22,2% de las personas asalariadas, independientes y trabajadoras de casa particular percibió haber estado expuesta a conductas ofensivas en su lugar de trabajo.