Finalmente, y ante las fuertes demandas del mercado, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, decidió atajar la situación de Petrobras, la estatal brasileña sumida en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. La mandataria aceptó ayer la renuncia de la presidenta de Petrobras, Maria das Graças Foster, y de cinco directores.
Foster había puesto hace meses su cargo a disposición de la jefa de Estado, pero ésta acababa siempre respaldándola. "La conozco. Y me consta su seriedad y su corrección", aseguró Rousseff a fines de 2014 refiriéndose a Foster, de quien se consideraba "amiga personal".
La relación entre la presidenta y la ejecutiva se remonta a 1999, cuando Rousseff era secretaria de Energía del estado de Río Grande do Sul.
Resistida por el mercado
La decisión se hizo oficial después de una jornada plagada de rumores y euforia en el mercado. La compañía ganó cerca de US$ 6 mil millones en valor de mercado el martes luego que una reunión entre Rousseff y Foster alimentara versiones sobre su partida.
Los inversionistas celebraron la noticia porque su gestión era vista como un obstáculo para la investigación, en la que la propia Rousseff se ha visto implicada porque también desempeñó cargos de importancia en la petrolera durante el período en el que se habrían registrado las irregularidades.
La petrolera estatal informó ayer que el Consejo de Administración se reunirá mañana para elegir a la nueva junta que reemplazará a los dimitidos.
Investigación en curso
La policía federal está investigando las acusaciones de fijación de contratos, sobornos y favores políticos entre los años 2003 y 2010, período en el cual Rousseff se desempeñó como presidenta del consejo de Petrobras, y por las cuales han sido detenidos tres ex directores de la petrolera y los directivos de varias empresas contratistas de Petrobras.
Los recursos desviados de millonarios contratos con diferentes empresas eran distribuidos entre partidos políticos, principalmente el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y otros de la alianza oficialista.
Según las autoridades, el esquema de arreglo de precios y sobornos podría haber desviado al menos US$ 3.700 millones de las arcas de Petrobras, aunque la cifra total podría superar los US$ 28.000 millones.
En cuanto a Foster, una invitada frecuente del palacio presidencial, se enfrenta a la acusación de haber ignorado las advertencias de sus subordinados. Pese al testimonio de una ex empleada que asegura haberle informado del caso, Foster asegura que no conocía los acuerdos de los directivos de Petrobras con las mayores constructoras de Brasil y una cantidad indeterminada de políticos del gobierno y la oposición hasta que el caso explotó.
El fiscal general y la oposición ya habían llamado a su dimisión. Incluso desde el interior del gobernante PT surgieron voces pidiendo su salida. "Fue una medida sensata y necesaria. Debería haber sido tomada hacía más tiempo", afirmó ayer el diputado petista Paulo Pimenta tras conocer la noticia.
Grado de inversión
El gobierno brasileño aún no se ha pronunciado sobre la salida de Foster, sin embargo, según el diario brasileño Valor Económico, el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, encabezará el cierre del balance anual auditado que la empresa debe presentar en marzo, antes que la compañía pierda el grado de inversión.
La renuncia de Foster llega luego de que la estatal brasileña publicara la semana pasada sus resultados no auditados del tercer trimestre de 2014, reportando una ganancia de 3.090 millones de reales
(US$ 1.200 millones).
Las cifras decepcionaron al mercado al no incluir una estimación del impacto del escándalo sobre el valor de los activos de la compañía.
Y es que los directivos de la estatal consideraron "impracticable" calcular de "forma correcta, completa y definitiva" el impacto en sus activos.
Petrobras decidió, en su defecto, suministrar los resultados trimestrales sin depreciaciones, evitando así incumplimientos legales con sus accionistas y ser declarada en default técnico.
Una evaluación practicada a activos por 188 mil millones de reales vinculados a los contratos bajo sospecha llegó a una valoración de hasta 88.600 millones de reales (US$ 32.315 millones). Esa depreciación potencial, sin embargo, no fue adoptada debido a que incluiría elementos sin relación directa con los pagos ilegales, dijo en la ocasión la firma.
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