La Unión Cívica Radical (UCR),
segunda fuerza parlamentaria de Argentina, dijo hoy que estudia
pedir la quiebra de Aerolíneas Argentinas, que está en proceso de
transferencia al Estado de manos del grupo español Marsans.
El líder de la UCR, Gerardo Morales, señaló en un comunicado que
la fuerza política "evalúa solicitar la quiebra de la empresa para
que luego el Estado tome el control de Aerolíneas sin hacerse cargo
del pasivo, con el objetivo de garantizar la continuidad del
servicio y la fuente laboral".
"Por otra parte, nuestros abogados están trabajando en que se
habría incurrido en administración fraudulenta en Aerolíneas
Argentinas por parte de la empresa, con responsabilidad de los
funcionarios en representación del Estado", sostuvo el senador
Morales, quien agregó que por eta razón la UCR analiza presentar una
demanda en lo Penal Económico.
Marsans y el Gobierno argentino firmaron hace una semana un
acuerdo por el que el grupo traspasará al Estado argentino el 94,41% de las acciones de Aerolíneas Argentinas y el 97% de Austral.
Con ese acuerdo se abrió un período de dos meses en el que se
efectuará una auditoría interna para determinar el precio de las
acciones que serán transferidas al Estado argentino, que ya posee
una participación del 5% en Aerolíneas.
Un consejo de transición administrará las dos empresas y
confeccionará el estado de resultados durante estos 60 días, hasta
que se complete la transferencia accionarial, proceso que el
gobierno busca convalidar en el Parlamento.
Aerolíneas Argentinas tiene deudas por US$890 millones y
pierde cerca de un millón de dólares diarios, además de tener la
mitad de su flota averiada.
"Otra de las observaciones que hacemos desde la UCR al proyecto
de ley (enviado por el Ejecutivo al Parlamento para convalidar la
transferencia al Estado) es que allí solamente se ha establecido la
participación del Tribunal de Tasaciones para la determinación del
valor del paquete accionarial", dijo Morales.
Según el senador radical, ese tribunal "lo único que puede valuar
es los activos, pero hay que determinar los pasivos y establecer el
patrimonio neto de la empresa, para lo cual no sólo debería trabajar
el Tribunal de Tasaciones sino también la Sindicatura General de la
Nación (Sigen)".
"Asimismo, el Estado debería contratar un auditor externo, que
podría ser en este caso la Federación de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, para que, con independencia de criterio,
determine si el patrimonio neto resultante del análisis del Tribunal
de Tasaciones y la Sigen es el correcto y pertinente", dijo Morales.
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