La presentación del esperado informe del comité técnico asesor de la ley corta de isapres ante la comisión de Salud del Senado este martes, tuvo fuertes repercusiones para el curso de esa iniciativa, ingresada en mayo con el objetivo de aplicar el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema por tabla de factores y crear un marco que posibilite la viabilidad de la industria.
Al dar a conocer sus cálculos respecto del monto de la deuda del sistema por concepto de devoluciones exigidas por la sentencia de noviembre pasado, el informe estableció que esas obligaciones con los afiliados ascienden a US$ 451 millones. ($402.341 millones). La cifra -“comparable al total de utilidades acumuladas entre 2012 y 2020 por US$ 546 millones”, dice el documento- generó un revuelo inmediato, ya que equivale a menos de un tercio de los US$ 1.400 millones ($ 1 billón) que informó la Superintendencia de Salud en la presentación de la ley corta.
“Se propone un plazo de 10 años para la devolución y evitar riesgos de incumplimiento y quiebra”.
Emilio Santelices, coordinador de la Comisión Técnica.
“Se recomienda que no haya planes que impliquen un precio o un aporte inferior al 7%, que es el aporte por ley”.
Ximena Aguilera, ministra de Salud.
“Llama la atención cómo se redujo en cerca de mil millones de dólares la deuda con los afiliados”.
Tomás Lagomarsino, diputado de la Comisión de Salud.
“Son supuestos que deben evaluarse posteriormente; por lo tanto, hay que ver el resultado final”.
Víctor Torres, superintendente de Salud.
“Se estimó la cuantía de la deuda por isapre considerando que, al aplicar el mencionado fallo, ningún afiliado debiese quedar con una cotización por debajo del límite legal (7%) o aquellos que estaban por debajo de dicho guarismo, no debiesen disminuir su contribución al sistema, y que ella se calcula sistémicamente considerando las características propias de los sistemas de seguros”, señaló el exministro de Salud Emilio Santelices, uno de sus coordinadores -junto al exsubsecretario Cristóbal Cuadrado- de la comisión de 16 integrantes en la que participaron representantes de los ministerios de Salud y Hacienda, de Fonasa, de la Asociación de Isapres, de Clínicas de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios de U. de Chile, de Espacio Público y asesores parlamentarios.
En cuanto a la materialización de las devoluciones, se indica que las isapres “deberán destinar cerca de US$45 millones anuales por un período de diez años” para concretar la devolución de los excesos cobrados a los cotizantes y “evitar riesgos de incumplimiento y quiebra”.
“No es un perdonazo”
Tras la sesión de ayer, cundieron las críticas acusando que tras la divergencia entre ambas cantidades subyace el propósito de dar forma a un salvataje para el sistema asegurador privado. Al respecto, la ministra Ximena Aguilera aseguró: “No es un perdonazo”.
Al explicar a las bases del nuevo cálculo, la ministra dijo que “lo aquí se está planteando por la comisión son supuestos distintos de cálculo de los cobros en exceso”, señalando que los factores principales de la fórmula de los expertos son que “está recomendando que se considere el que no haya planes que impliquen un precio o un aporte inferior al 7%, que es el aporte que tenemos por ley”, a lo que se añade el “efecto de mutualización para el cálculo del cobro”.
¿A qué se debe la diferencia? El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, explicó que “de las cifras originarias (US$ 1.400 millones), se ha aplicado un criterio compartido, que es que en Chile la ley exige que ninguna persona pueda pagar menos del 7% de su sueldo por un plan de salud, que es el umbral básico". Y añade que "un segundo criterio habla de la mutualización o mancomunación de riesgos, que tiene que ver con que en todo sistema de seguros privados, aquellos a los que les sube el plan se compensan con los que les baja el precio del plan, y hay un cruce de riesgo al interior de ese sistema”. Concluye que estos puntos “tienen que ser meridianamente analizados, porque generan un impacto financiero muy distinto”.
Al respecto, Pablo Eguiguren -director de Políticas Públicas de LYD e integrante del comité técnico en representación del senador Sergio Gahona (UDI)- , sostuvo que “la aplicación del fallo requiere un contexto legal particular vigente del sistema de salud -el DL 3.500 y la propia ley del Ministerio de Salud-, que establece que las cotizaciones para salud son del 7% como obligación para todos los trabajadores dependientes. Y el otro tema es la mancomunión de los ingresos y los gastos, que requiere cualquier sistema de seguro. Ambas consideraciones hacen que el cálculo llegue a ese monto de $402 mil millones, que es una estimación más que número cerrado, pero correcto para efectos de calcular las devoluciones que deben hacer las isapres”.
Superintendente: “Las cifras que entregamos se sustentan en la aplicación literal del fallo"
También saliendo al paso de los cuestionamientos a las diferencias de montos, el Superintendente de Salud, Víctor Torres, manifestó que el informe técnico “basa sus cálculos en supuestos distintos a la lectura o al tenor literal del fallo”, interpretación esta última que corresponde a la efectuada por el regulador inmediatamente conocida la sentencia.
“Las cifras que nosotros entregamos se sustentan en la aplicación literal del fallo, y la Comisión Técnica ha sugerido elementos distintos de análisis (…) entonces, algunas pueden ser distintas precisamente por esas recomendaciones, pero hoy no hay un efecto inmediato ni de rebaja en términos de monto ni de personas”, acotó.
Desde este punto, Torres aseveró: “no hay ni siquiera un cuestionamiento a los cálculos de la Superintendencia, ni implícito ni explícito”, y recordando que el organismo participó de la comisión con sus equipos técnicos.
Sobre el efecto en las etapas que vienen de diseño de la ley, Torres matizó respecto de su incidencia: “Son supuestos que se entregan y elementos que tienen que evaluarse posteriormente; por lo tanto, hay que ver cuál va a ser el resultado final de la tramitación legislativa, allí recién va a existir certeza finalmente lo que va a suceder. Finalmente, es el Parlamento el que va a tomar la definición en virtud de las indicaciones que ingrese el Ejecutivo”.
“El monto está técnicamente muy bien fundamentado”
Para el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma Luis Castillo, el monto calculado en el documento “parece ser equilibrado y técnicamente muy bien fundamentado con una proposición de tiempo muy prudente”. Destaca que el Gobierno debe analizar esta proposición, por cuanto “podría darle mayor viabilidad al sistema de aseguramiento privado, especialmente porque -entre otras cosas- sugiere como un hecho activo la reducción de gastos de administración y ventas , el cambio del modelo de negocio, etc.”
“El monto presentado por el comité técnico se debe ajustar al cálculo de implementar devoluciones sin forzar la quiebra. La diferencia entre éstas cifras y las que se dieron a conocer al principio, a mi juicio, solo tienen relación con la incorporación de la variable de dar continuidad al sistema, intención que no estaba en las primeras cifras del Ejecutivo”, opina Victoria Beaumont, directora del movimiento ciudadano Salud Libre y del portal Politopedia.
A su parecer, el Ejecutivo debiese tomar el 100% de las propuestas pues “estuvo en esta mesa de negociación activamente participando”, acotando que “la prueba del compromiso real se verá en las indicaciones; allí sabremos si el Gobierno está con la sustentabilidad y continuidad o bien con insistir en habilitar su propuesta del sistema único”.
Isapres: "Nosotros no sentimos tener una deuda"
Pese a la sustancial disminución en el monto de la deuda de la industria establecido en el informe técnico, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, señaló que "si alguna diferencia podemos tener con este informe tiene que ver con esta deuda, la verdad es que las isapres consideran que siempre han cumplido con las leyes". Asimismo, destacó que si bien el gremio colaboró con la comisión a través de él, "nosotros no participamos ni en la redacción, ni en las definiciones de sus conclusiones, ni en sus recomendaciones, que recién vamos a poder conocer ahora con detalle".
En términos generales respecto del fallo de la Corte Suprema, indicó que si bien "existe un nuevo criterio definido por los tribunales de justicia que hay que cumplir”, puntualizó que “nosotros no sentimos tener una deuda a este respecto".
Diputado Lagomarsino: “¿Cómo pudo bajar tanto esa cifra?”
Tras la luz verde a la votación en general la semana pasada y fin del trabajo de la comisión técnica, la ley corta entró a su etapa más crítica que tiene por delante la presentación de las indicaciones del Gobierno con fecha tope el 20 de este mes.
En este escenario, el expresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lagomarsino, anunció que someterá a revisión los cálculos del informe: “Hace menos de un año se nos informó que la deuda de las isapres con sus afiliados era de US$ 1.400 millones, y llama la atención cómo se redujo en cerca de mil millones dólares. ¿Cómo pudo bajar tanto esa cifra? Por supuesto, genera amplias dudas”. Así, respecto del clima con que recibirán el proyecto indicó que “lo revisaremos profundamente y exhaustivamente una vez que llegue”.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Salud del senado, Juan Luis Castro, defendió el rol del grupo asesor afirmando que “ha actuado técnicamente, buscando el mejor esfuerzo; siempre todo es perfectible, pero separemos las cosas, no vamos a hacer juicios de intenciones porque ellos han actuado con la mejor intención para el país”.
En relación a las implicancias de las conclusiones de la comisión técnica –especialmente el monto y condiciones de devolución para las isapres-, Castro sostuvo que “lo vamos a tomar con toda la seriedad y la cautela porque los acuerdos que plantea son consensuales, pero no son una correa de transmisión mecánica, no son vinculantes necesariamente, y tienen que ser procesados por la Comisión de Salud”.
Profundizando esta declaración, y en respuesta a los cuestionamientos a las conclusiones del informe en cuanto a un eventual beneficio para las aseguradoras de salud, el senador enfatizó: “lo que sea la ley corta, jamás va a ser un perdonazo. Ni la oposición, ni quienes somos partidarios del Gobierno, permitiríamos que hubiese un perdonazo frente al cobro excesivo a miles de chilenos que durante años se les cobró de más”.
Sobre las etapas que vienen en la tramitación de la ley corta que inicia la votación en particular en la Comisión de Salud de la Cámara Alta, el senador Castro espera que en noviembre "ya la Sala conozca el resultado de la votación de la Comisión y lo someta al último trámite de esta fase en el Senado, para luego ir a la Cámara de Diputados desde la segunda mitad de noviembre, ojalá, por los tiempos que estima el Ejecutivo".
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