La Policía Federal de Brasil arrestó ayer preventivamente al ex ministro Paulo Bernardo, quien trabajó en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, ambos del Partido de los Trabajdores (PT). La autoridad investiga un presunto fraude por más de 100 millones de reales en contratos del Ministerio de Planificación con la empresa Consist, de servicios de informática, entre 2010 y 2015.
De acuerdo con los antecedentes de la policía, la contratación habría sido direccionada por Bernardo, quien recibió pagos por unos 7 millones de reales a través de un bufete de abogados. Otra parte de la cancelación era desviada al PT.
Ayer, la Policía Federal detuvo a diez personas. El ex ministro de Previsión del PT, Carlos Gabas, también es blanco de las investigaciones.
En medio de la operación, la autoridad allanó la sede del partido en Sao Paulo e incautó documentos y computadores.
Frente a ello, el partido –que gobernó Brasil por más de trece años hasta mayo, cuando se inició un juicio político contra Rousseff, acusada de manipular las cuentas fiscales–, emitió una declaración en que describe el proceder policial como “innecesario” y “mediático”.
“El Partido de los Trabajadores rechaza la operación realizada en la sede nacional en Sao Paulo. En medio de una serie de hechos y denuncias que involucran a políticos y empresarios acusados de corrupción, se monta una operación distractora en un nuevo intento de criminalizar al PT”, señala el comunicado que llama a respetar “el derecho a defensa y presunción de inocencia” de los acusados.
En el texto, la organización también lanzó dardos contra la administración del presidente interino Michel Temer, cuyo círculo más cercano también es investigado en la llamada operación “Lava-Jato”. “Es extraño que la detención (de Bernardo) tenga lugar en un momento en que la nación toma conocimiento de hechos gravísimos de corrupción que tocan directamente al gobierno interino, que se instaló para intentar paralizar las investigaciones de Lava-Jato”.
Lanzan medida para privatización del sector eléctrico
El presidente interino de Brasil, Michel Temer, publicó ayer la medida provisoria 735, que altera las leyes del sector eléctrico. La acción facilita la venta de activos de Abengoa y la privatización de distribuidoras de la estatal Eletrobras.
De acuerdo con el texto, el plan de transferencia de control deberá demostrar la viabilidad del cambio de control y el beneficio de la medida para el servicio. La medida establece que el aviso de licitación podrá prever la inversión y orden de las fases de habilitación. Con eso, el proceso licitatorio se torna más ágil.
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