El Congreso brasileño está debatiendo una ley que permitirá que las empresas hagan subcontratación de su mano de obra, lo que marca un cambio de dirección en un país con una fuerte protección a los trabajadores, y es un paso importante hacia la reducción del llamado "custo Brasil".
La ley regula los contratos de outsourcing en las empresas privadas en Brasil, expandiendo el tipo de empleos que pueden ser subcontratados por las compañías. Actualmente la subcontratación se permite sólo en los puestos que no son considerados como la actividad central de la empresa, como la limpieza y la seguridad.
La iniciativa podría duplicar el número de trabajadores subcontratados en el país, desde los actuales 12 millones, de un total de 50 millones de trabajadores registrados oficialmente, mostraron datos publicados por el periódico local Valor. La cifra, estimada por economistas y sociólogos laborales, se explica porque el mercado laboral brasileño está formado en su gran mayoría por profesionales poco calificados que reciben sueldos bajos y que ejercen funciones fácilmente "tercerizables".
Cerca de un 50% de los empleos formales pagan hasta dos salarios mínimos y un 33% son realizados por personas que no concluyeron la enseñanza media.
La iniciativa es bien recibida entre los analistas internacionales. "Es un paso en la dirección correcta, que va a ayudar a reducir los costos laborales y probablemente también ayude en parte a atraer algo de inversión extranjera", dijo a DF Neil Shearing, economista jefe para mercados emergentes de Capital Economics. Sin embargo, advirtió que "todavía hay mucho más que hacer para hacer la economía de Brasil más competitiva".
Impacto tributario
Por su parte, el economista jefe de investigación macro en Ince Canyon, Paulo Vieira da Cunha, apuntó que la iniciativa transparentará la actividad secundaria. Eso sí, destacó que es importante definir en quién recae el pago de impuestos. En este sentido, destacó la indicación que hizo el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, de que "el empleador será el responsable de recolectar el impuesto y las contribuciones al seguro social y que serán descontadas por nóminas", porque de esta forma no se pone en riesgo la recaudación, clave en estos momentos para mantener el equilibrio fiscal.
Resistencia de sindicatos
La ley es fuertemente resistida por los sindicatos. En los últimos días, han habido protestas en más de 20 estados del país, en su mayoría convocadas por la Central Unica dos Trabalhadores (CUT).
Los líderes sindicales argumentan que la medida provocará un deterioro de las condiciones laborales, ya que permitirá que las empresas ofrezcan salarios más bajos y menores beneficios a los trabajadores.
El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) se opuso a la iniciativa. De hecho, se dice que el ex presidente Luis Inácio Lula Da Silva le habría pedido a la presidenta Dilma Rousseff que vetara el proyecto, pero ella se opuso.
Sin embargo, el PT luego decidió sumarse al proyecto, cuando negoció que se excluyera de él a las empresas estatales y a las de economía mixta, como Petrobras y Banco do Brasil.
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