Enviado especial a Barcelona
Las flores, las velas, las fotografías y los carteles comenzaron a desaparecer de La Rambla, el paseo peatonal barcelonés que hace semanas sufrió el peor ataque terrorista en suelo español desde 2004. Con los homenajes se desvaneció también la breve tregua política entre el gobierno autonómico separatista y Madrid, que quiere impedir a toda costa una secesión.
El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, promete seguir adelante con un referendo convocado para el 1 de octubre, desafiando al jefe del Estado español, Mariano Rajoy, y al Tribunal Constitucional, que rechazan la consulta.
La tensión crece justo cuando España deja atrás años de crecimiento exiguo y un desempleo que estuvo por sobre el 25%. Una separación de Cataluña –su segunda capital, con más de 7 millones de habitantes y casi el 20% del PIB nacional– podría frenar ese impulso.
“Hay una parte del independentismo que está esperando que el gobierno español se extralimite”, dice a DF el periodista y analista político catalán Francesc Soler. “Nada les gustaría más que una portada en el New York Times de la policía retirando urnas”.
El reto de Rajoy, señala, “es impedir la consulta sin que se les vaya la mano: sin caer en la violencia, sin suspender a la Generalitat, sin inhabilitar al presidente ni mucho menos arrestarlo. Dudo que eso será posible”.
Inseguridad jurídica
No es la primera vez que el gobierno catalán desafía a Madrid. En 2014, el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas convocó a un referendo en que más del 80% apoyó la secesión, pero la participación fue menos de 40%.
El episodio obligó al empresariado a organizarse. José Bou, presidente de Empresaris de Catalunya (EC), que reúne a más de 400 compañías locales, rechaza el separatismo y señala que “Cataluña ha hecho España. Forma parte de España y ha contribuido a ella durante siglos”.
Los negocios ya sufren la inseguridad jurídica. Bou relata que la Secretaría de Hacienda de la Generalitat ha anunciado que exigirá pagar los impuestos corporativos al gobierno local y no al central, como hasta ahora. Eso, manifiesta en entrevista con DF, es “saltar la legalidad (…) Hoy se firman contratos con cláusulas de escape, en caso de una secesión”.
Según EC, la separación de España, principal mercado para Cataluña, borraría más del 20% del PIB local y subiría el desempleo a 42%. Eso sin contar el quiebre con la UE. “Sería echar al traste el crecimiento económico”, sentencia Bou.
El efecto atentado
La semana pasada, la secretaría local del Interior y los Mossos d’Esquadra, la policía local, reconocieron haber recibido en mayo una alerta, pero negaron su utilidad para evitar el ataque.
“El atentado ha sido politizado”, lamenta Soler. “A mí me consta, por mis contactos en Mossos, que a nivel profesional hay buena colaboración entre policías. No así entre los responsables políticos”, afirma.
Mientras se acerca el 1 de octubre, el rol de los Mossos se hace más complejo. Ante el conflicto entre la Justicia española y el gobierno local, hay quienes llaman a que la policía sea intervenida.
Soler prevé que el 1 de octubre habrá “mucha tensión, movilizaciones, algún brote de violencia, e, inmediatamente después, convocatoria a elecciones locales”.
Un pueblo sentimental
En 2012, en lo peor de la crisis, la Moncloa cerró la puerta a una nueva ley de financiamiento autonómico, lo que impulsó el recelo catalán. Antes, en 2006, había recortado severamente un estatuto aprobado por el Legislativo local.
“El PP de Rajoy ha hecho del anticatalanismo un argumento electoral y ha contribuido a una fuerte animadversión”, critica Soler.
Para Bou, Madrid ha pecado por omisión al dejar crecer el espíritu separatista. Para revertirlo, dice, será necesario hacer “gestos de atención: que el Estado se haga presente. Que vengan los ministros y el presidente. Que se cuente con el pueblo catalán, porque es un pueblo muy sentimental”.
Soler lo ve más difícil. El tema no se resolverá, dice, “hasta que alguien sepa convertir el ser catalán en una forma de ser español”.
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