El presidente venezolano Nicolás Maduro enfrenta nuevos cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos, en medio de las decenas de muertes durante las protestas contra su gobierno.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denunció ayer la práctica de juzgar a manifestantes civiles en los tribunales militares. Hay más de 250 venezolanos que se encuentran bajo control militar “por los delitos de ataque a centinelas (miembro de las fuerzas de seguridad) y asociación para la rebelión”, informó el fin de semana un jefe militar.
“Esta situación es una violación a la constitución y es contraria a los DDHH, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil”, afirmó el OVCS. Según el Foro Penal Venezolano, al menos 65 personas ya fueron procesadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al gobierno a garantizar investigaciones efectivas e independientes. Advirtió que cuenta con testimonios “tortura y malos tratos a detenidos por parte de las fuerzas del Estado”, así como “el uso de la jurisdicción penal militar para detener y juzgar a civiles”.
Respuesta oficialista
“Cuando hay una agresión sobre un centinela o sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, perfectamente se incurre en un delito militar y puede ser conocido por la jurisdicción militar”, afirmó ayer el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
El propio Maduro afirmó que dentro del proceso constituyente –que convocó la semana pasada para cambiar la constitución– habrá medidas para fortalecer a las Fuerzas Armadas y llamó al Ejército a hacer sus propuestas.
Por su parte, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, aprobó ayer una moción de rechazo a la implementación de los tribunales militares y prometió denunciar la situación ante la Fiscalía y la Defensaría del Pueblo.
Para hoy están agendadas nuevas protestas, mientras que el cálculo independiente de el OVCS estimó ayer el número de fallecidos en jornadas anteriores en 44, por encima de la cifra oficial de 36, y la de detenidos en 2.000.
Apoyo internacional
Las últimas revelaciones elevaron la preocupación internacional. La jefa de diplomacia europea, Federica Mogherini, consideró “vital” detener la violencia en el país y afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que “nosotros estamos listos para ayudar”. A la vez, el parlamento español debatió un proyecto que exige a Caracas garantizar los derechos y libertades de sus ciudadanos y liberar a los presos políticos.
En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que el “régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura” y que en el país “murió el Estado de derecho”. La organización, se reunirá hoy para fijar una nueva fecha para discutir la situación.
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