El gobierno brasileño despidió en los tres primeros meses de este año 142 empleados públicos por corrupción y otras irregularidades, el mayor número para el período desde que la estadística comenzó a ser recogida, informaron hoy fuentes oficiales.
De los funcionarios expulsados del servicio público por irregularidades en los tres primeros meses del año, 89, es decir el 63%, fue despedido después de que se le comprobara su responsabilidad en algún acto de corrupción, según las estadísticas de la Contraloría General de la Nación.
De acuerdo con la Contraloría, entre los actos corruptos que justifican el despido de un empleado público figuran "aprovecharse del cargo para obtener ventaja personal, recibir soborno o ventaja indebida, utilizar recursos materiales públicos para actividades particulares, improbidad administrativa, lesión a los cofres públicos o dilapidación del patrimonio público".
Otros 44 empleados fueron despedidos en los tres primeros meses del año por haber abandonado el servicio sin explicaciones, por el elevado número de faltas o por la acumulación ilícita de cargos.
Los demás perdieron el empleo público por negligencia o por tener participación en la gerencia o la administración de una empresa privada con contratos con el Estado.
De acuerdo con las estadísticas de la Contraloría, desde 2003 hasta el primer trimestre de 2018 han sido despedidos 6.857 empleados públicos por irregularidades.
Los números pueden ser mayores debido a que las estadísticas de la Contraloría no incluyen a los empleados de las empresas estatales ni a los vinculados a gobiernos regionales o municipales.
El 66% de los 506 funcionarios destituidos el año pasado como sanción por violaciones al régimen del empleado público perdió el cargo por haber incurrido en prácticas corruptas, según la Contraloría.
Los funcionarios sancionados con su destitución quedan automáticamente inhabilitados para aspirar a mandatos electivos o para ocupar cargos públicos por los próximos ocho años y, en los casos más graves, de regresar al servicio público.
Parte de los despedidos fue blanco de la llamada Operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción ya realizada por las autoridades brasileñas y que destapó una gigantesca red de corrupción que desviaba recursos de la petrolera estatal Petrobras.
Este caso ha enviado a la cárcel no sólo a los principales ejecutivos de las mayores constructoras brasileñas sino también a altos ejecutivos de Petrobras y a decenas de políticos, incluyendo al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha.
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