El Decreto de Emergencia Económica del presidente venezolano, Nicolás Maduro, expiró ayer luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país confiriera, el 17 de marzo, una prórroga de 60 días por solicitud del mandatario.
El poder especial fue otorgado por primera vez el 15 de enero de este año con el fin de que el Ejecutivo pudiera asignar presupuestos especiales en diversas áreas, disponer de bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos, limitar el ingreso y salida de moneda local en efectivo, y facilitar la entrega de divisas para agilizar las importaciones.
Según la Constitución venezolana, ya no es posible otra extensión pero no se descarta que se intente una nueva medida. El economista venezolano Henkel García estima que “si lo hacen, es poco lo positivo a destacar. Preocupa que en el primer decreto se dio facultades para intervenir empresas y redes de distribución y que ahora lo utilicen para tomar compañías como Polar –la mayor distribuidora de alimentos del país– que se ha paralizado por falta de insumos”.
Una de las banderas del gobierno de Maduro era precisamente erradicar la escasez y el “bachaqueo” (comercio informal de productos básicos), por lo que García asegura que el resultado fue “un fracaso rotundo”. “Se perdió un tiempo valioso para tomar medidas que evitaran miseria en los hogares (...) Mientras haya controles y diferencial de precios, siempre va a existir el mercado negro y eso es el bachaqueo”, explicó.
Ahora, sectores del gobierno y de la oposición deberán hacer un balance para determinar si se cumplieron los objetivos trazados, en medio de reclamos de los ciudadanos que piden hacer frente a la gran crisis económica que tiene al país con la inflación más alta del mundo, una emergencia energética y severos problemas de inseguridad.
Frente a esta situación, la oposición sigue adelante con su intención de activar un proceso de referendo revocatorio contra Maduro.
Verificación de firmas
Ayer se cumplieron los cinco días hábiles que tenía el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para contabilizar y auditar las casi 2 millones de firmas que fueron entregadas por la oposición para solicitar que se active la consulta en contra del jefe de Estado.
Se esperaba el anuncio de la presidenta del ente electoral, Tibisay Lucena, quien debía indicar cómo y cuándo se realizaría la verificación de rúbricas. Sin embargo, no hubo pronunciamiento y líderes de la coalición opositora convocaron a una manifestación para mañana hasta las sedes del CNE, a nivel nacional, con el objetivo de exigir que se agilicen los trámites y que se cumpla con los plazos que establece la Constitución.
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