Crece el rechazo de la población en Perú a grandes proyectos de inversión

A diez días del triunfo del presidente electo Ollanta Humala, persisten las señales mixtas para los grandes proyectos de inversión en Perú. El futuro mandatario, de visita en Argentina, reiteró ayer que no quiere afectar la competitividad de las empresas mineras, pero que estas compañías tendrán que compartir sus “súper ganancias” con el Estado para financiar los programas públicos.

Sus comentarios ocurren justo cuando un informe de Scotiabank señala que la producción de cobre en Perú caería 3,9% este año en comparación con 2010, debido a menores cantidades de mineral de hierro y a grados más bajos del metal. Las más afectadas serían Southern Copper y Antamina.

Aunque la producción se recuperará el próximo año con un alza de 6,7%, aumentan los movimientos sociales en contra de los grandes proyectos de inversión. Las protestas en Puno contra el proyecto minero Santa Ana se han intensificado en las últimas horas, y los pobladores aimaras cortaron la carretera que va hacia el Cusco, impidiendo el tránsito de turistas. En las últimas jornadas fueron tomados los locales de la gobernación y de la agencia tributaria Sunat, así como la Dirección Regional de Educación. Además, fueron apedreados los bancos y hoteles que no se sumaron a la medida de fuerza. El contralor general de la República, Fuad Khoury, informó que una turba ingresó al local de esta institución en Puno y tomó de rehenes al personal, sustrayendo y quemando documentos.

Para tratar de restablecer el orden las autoridades han decretado orden de arraigo para evitar la fuga de diez dirigentes sociales a los que pretende hacer responsable por los daños y la violencia registrados durante las protestas del 26 de mayo.




Fin de hidroeléctrica


Las protestas también apuntaban contra el proyecto para la central eléctrica de Inambari, la quinta mayor de Sudamérica, que debía abastecer el sur de Perú y Brasil. Y la presión arrojó resultados porque el Ministerio de Energía y Minería de Perú ayer anunció el fin definitivo de la concesión temporal otorgada a la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur para el desarrollo de este proyecto.

Las manifestaciones también se están extendiendo a otras regiones del país. En Piura, los transportistas iniciaron un paro de 48 horas (al que se unieron pescadores y pobladores) en la región de Sechura para exigir a la minera brasileña Vale el cumplimiento del convenio sobre la contratación de mano de obra local. El Frente de Defensa de Sechura también se opone a que la empresa de hidrocarburos Savia siga perforando pozos, y demanda que abandone su proyecto de gas natural en la zona de Punta Lagunas.

Las tensiones también se extenderían al sector forestal. El Congreso peruano se apronta a votar la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Sin embargo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se está movilizando para exigir que la revisión del proyecto sea aplazada hasta que asuma el próximo gobierno.