Moscú
Vladimir Putin comenzó una extensa reforma del liderazgo de Rusia, reemplazando al primer ministro que lo acompañó por largos años por un tecnócrata poco conocido, y lanzando una reforma constitucional que le permitiría ejercer el poder después de que termine su mandato presidencial en 2024.
El líder ruso usó su discurso anual a la nación para proponer un referendo para apoyar grandes cambios al sistema político del país, incluyendo planes para controlar los poderes del futuro presidente e impulsar los del Parlamento. Las reformas a la forma en que Rusia es gobernada podrían pavimentar el camino para que Putin extienda su gobierno, que se ha extendido por 20 años, a una nueva capacidad.
Poco después de que Putin anunciara los planes, Dmitry Medvedev, el primer ministro, dijo que renunciaría junto con el resto del gabinete. Putin eligió entonces a Mikhail Mishustin, director del servicio de impuestos internos de Rusia, para que asuma como primer ministro, un nombramiento que el Parlamento aprobará hoy.
Medvedev, que ha servido junto a Putin desde principios de los ‘90, asumirá un puesto recién creado como vicedirector del consejo de seguridad del Kremlin, reportando directamente a Putin. Dijo que él y el gabinete querían “dar al presidente de nuestro país la oportunidad de tomar todas las decisiones posibles” con respecto al cambio constitucional.
¿Se queda?
Putin, de 67 años, ha sido evasivo sobre si pretende mantenerse en el cargo después de 2024, cuando legalmente está obligado a renunciar como presidente. Pero la decisión pareció confirmar las especulaciones de que pretende o convertirse en primer ministro por segunda vez o encabezar un Consejo de Estado renovado que sea como la figura de un líder supremo en el modelo de Nursultan Nazarbayev, de Kazajistán.
Vitaly Mutko, el actual viceprimer ministro, dijo después que el gobierno había decidido renunciar en reacción a una “demanda por cambios” que requería “nuevos enfoques”.
Mishustin, de 53 años, ha ganado elogios por convertir a la seria oficina de impuestos internos en una institución digital de vanguardia desde que asumió en 2010, pero nunca ha tenido un puesto político, dejando a los analistas preguntándose a quién favorece Putin como su sucesor.
Observadores del Kremlin luchaban ayer por darle sentido a las maniobras. La serie de decisiones parece “caótica y destructiva”, dijo Gleb Pavlovsky, exasesor político.
“Cambiar la Constitución no crea un nuevo sistema estable, sólo debilita el anterior”, agregó. “No soluciona el problema de qué hacer con Putin cuando renuncie. Ahora hay un sistema autoritario que funciona. Así es que (estos cambios) son básicamente ornamentales”.
Putin dijo que las propuestas -que serán las mayores al gobierno de Rusia en una década- debilitarían el poder presidencial, al tiempo que fortalecen la mano del Parlamento, el primer ministro y el Consejo de Estado, un órgano asesor.
“Una demanda por cambio claramente ha tomado forma hoy en nuestra sociedad”, afirmó. “El ritmo del cambio se debe acelerar cada año para que los cuidadanos sientan los resultados de estándares de vida decentes”.
Economía estancada
El Kremlin ha luchado para impulsar los débiles niveles de aprobaión de Putin, cerca de mínimos récord, en medio de una economía estancada donde los ingresos reales han caída por media década.
Putin presentó un programa de “proyectos nacionales” que apuntan a revitalizar la economía, que ayer describió como “los grandes desafíos que enfrenta nuestro país”. Esas ambiciosas promesas, sin embargo, no han sido cumplidas, ya que el gobierno de Medvedev ha tenido problemas para asignar recursos y encontrar roles para las empresas privadas.
Mientras Putin anunciaba sus planes también ofreció una concesión para los rusos que enfrentan tiempos difíciles, anunciando un gasto social significativo en cuidado de niños, salarios del sector público y almuerzos gratis en los colegios. Anton Siluanov, ministro de Finanzas, dijo que las promesas costarían entre 400 mil millones y 500 mil millones de rublos (US$ 6.500 millones-US$ 8.100 millones), cerca de un 0,5% del Producto Interno Bruto.
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