El Gobierno argentino tampoco
asistirá hoy a la reunión de conciliación con los productores
agropecuarios convocada por el defensor del pueblo y apelará un
fallo judicial que cuestionó la validez del esquema de impuestos
móviles a las exportaciones de granos, motivo de las protestas.
Así lo adelantó el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, un día
después de que el Ejecutivo anunciase que invertirá en obras
sociales la recaudación del incremento de las retenciones, cuya
imposición hace tres meses desató un conflicto con el sector rural.
El funcionario insistió en que las políticas públicas del
Gobierno "no pueden ser fruto del análisis del defensor del Pueblo",
Eduardo Mondino, que había convocado a las partes a una audiencia a
la que este lunes solo asistieron los dirigentes del campo.
El "ombudsman" envió una nueva requisitoria a la jefatura de gabinete y el Ministerio de Economía para que sus titulares se
presenten hoy y anunció que solicitará una audiencia con la
presidenta del país, Cristina Fernández.
El ministro de Justicia también anunció que en las próximas horas
el Gobierno apelará un fallo de la jueza Liliana Heiland que declaró
inconstitucional los tributos dispuestos el 11 de marzo pasado para
las ventas externas de maíz, trigo, girasol y soja.
En su resolución, la magistrada expresó que "ni un decreto del
Poder Ejecutivo, ni menos aún una resolución del Ministerio de
Economía, pueden -sin sustento legal- crear ni modificar válidamente
los elementos esenciales de una carga tributaria".
En declaraciones a Radio Continental, Aníbal Fernández manifestó
que no comparte "bajo ningún punto de vista" el argumento de la
jueza, aunque destacó que "los fallos hay que acatarlos".
Además, estimó que "a cortísimo plazo" debería finalizar la
protesta de las asociaciones agropecuarias, que desde hace más de
tres meses llevan a cabo huelgas y bloqueos de carreteras en rechazo
a la presión fiscal sobre el sector.
Si bien la última medida de fuerza del campo concluyó este lunes,
en las provincias productoras de alimentos aún persisten algunos
cortes de rutas efectuados por productores que se definen como "auto
convocados".
En un mensaje transmitido en cadena nacional, la presidenta
Fernández anunció el lunes la creación de un "programa de
redistribución social" para destinar lo recaudado por el incremento
a los impuestos a las exportaciones a construir hospitales,
viviendas y caminos rurales.
En una defensa del nuevo esquema de retenciones móviles que los
productores agropecuarios tachan de "confiscatorio", la mandataria
sostuvo que "el Estado no quiere cerrar las cuentas fiscales", sino
"cerrar la cuenta social de todos los argentinos", que en un 23,4
por ciento vive bajo la línea de la pobreza, según datos oficiales.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens,
admitió que "no puede discutirse el destino" de los impuestos a las
exportaciones de granos, pero consideró que con los anuncios de la
víspera se ha buscado "un justificativo a ese tributo".
"No fue en su momento ese el destino que se le iba a dar a este
tributo", expresó el dirigente, quien volvió a tachar de
"confiscatorias" las retenciones.
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