El gobierno boliviano sancionará con descuentos de recursos
a las prefecturas departamentales que promuevan saqueos y ataques contra las
entidades públicas, al tiempo que reforzó el control militar de los campos de
gas para garantizar el suministro a la Argentina y Brasil.
Las sanciones económicas contra las prefecturas fueron
resueltas en un decreto sancionado hoy, del que dio cuenta la agencia noticiosa
estatal ABI.
“Los gastos que demanden la reparación de daños provocados
por estos actos de vandalismo serán financiados con recursos que les pudiera
corresponder a las prefecturas de departamento”, señala el decreto, que fue
leído por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada en Palacio Quemado.
Para el cumplimiento de esta disposición legal se autoriza
al Ministerio de Hacienda debitar de las cuentas de las prefecturas las sumas
de dinero que surjan de la reparación de los daños que se ocasionen en
instituciones públicas.
La medida fue resuelta luego de que manifestantes tomaran
anteayer las instalaciones de una oficina nacional del departamento de Beni,
acto que según el gobierno contó con el apoyo de las autoridades de esa ciudad
gobernada por la oposición.
También está relacionada con “anuncios y amenazas” según las
cuales la oposición intentaría dañar instalaciones gasíferas del departamento
de Tarija, que proveen del fluido a la Argentina y Brasil, añadió Rada.
“Ante anuncios y amenazas que buscan tomar por asalto
instituciones públicas, amenazando infraestructura petrolera y gasífera el
gabinete aprobó el Decreto Supremo 29698”, afirmó el Ministro de Gobierno.