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Publicado: Jueves 6 de septiembre de 2012 a las 05:00 hrs.
El fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Armando Pepe, aseguró ayer que la venta de inmuebles se mantiene “en caída libre” a raíz de la restricción cambiaria en el país, y precisó que en julio pasado las escrituras se redujeron un 27,8% respecto del mismo mes de 2011.
“Todos los días tenemos noticias de colegas que van cerrando sus oficinas, o las inmobiliarias más grandes que van despidiendo o suspendiendo gente o adelantando las vacaciones, porque realmente la actividad inmobiliaria está muy planchada”, se quejó.
En diálogo con Radio 10, Pepe señaló que “el mercado inmobiliario sigue exactamente igual que hace un mes, muy parado” y que “lo único” que se mantiene activo está relacionado con operaciones en pesos, como “alquileres de viviendas y locales comerciales” y “unidades de vivienda desde el pozo, en fideicomisos”.
“Seguimos cada día peor. Ayer (lunes) emitió un informe el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires: en el mes de julio fue un 27,8 la caída de la escritura con respecto al mismo mes del año anterior. Seguimos en caída libre en cantidad de escrituras”, prosiguió. Según el empresario inmobiliario, para las propiedades usadas, “el que la tiene que comprar, si tiene dólares, la puede comprar y, si no, son muy poquitos los casos de propietarios que aceptan pesos por una propiedad. Se hace siempre una fórmula que no es ni el dólar blanco ni el blue, es un dólar celeste, intermedio”.
“En el Día de la Industria, la presidenta (Cristina Fernández), en su cortísima cadena nacional, ni siquiera habló del sector de la construcción. Es una industria a la que el gobierno le ha puesto el pie encima para que se paralice. No sabemos cuáles son los motivos para que quieran hacer esto”, manifestó.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.