Por Héctor Torre, ex director ejecutivo del FMI y actual asesor de la OMC
La Organización Mundial del Comercio (OMC) y las negociaciones del cambio climático global enfrentan desafíos parecidos. Ambos necesitan acomodar diferentes niveles de desarrollo y hacerlos coincidir con las correspondientes obligaciones.
La división norte-sur que modela las conversaciones de comercio y cambio climático refleja una época en que “Norte” era sinónimo de riqueza y “Sur” identificaba a aquellos que no eran capaces de jugar con las mismas reglas. El mundo ha cambiado dramáticamente desde entonces y ahora, en las negociaciones del cambio climático, se acepta que algunos países en desarrollo deberán comprometerse a reducciones de emisiones a 2020.
La OMC está un paso atrás. Basado en su propia evaluación, cualquier miembro puede definirse como “en desarrollo”, lo que automáticamente le da derecho a beneficios de tratamiento “especial y diferenciado”. Eso se traduce en derogaciones de las reglas generales y períodos más extensos para introducir tarifas arancelareas menos ambiciosas.
La imposición de obligaciones comerciales más suaves a países en desarrollo tiene sentido, ya que usualmente carecen de recursos fiscales necesarios para facilitar la transición que ocurre cuando se abren los mercados a la competencia.
La mayoría de la gente acepta la necesidad de ese tratamiento diferenciado. Pero, ¿por cuánto tiempo?
De los 157 miembros que tiene la OMC, 35 son considerados desarrollados y 122 en desarrollo. No hay un criterio para decir cuándo un miembro de la OMC puede ser despojado de ese tratamiento especial. Por eso no es sorprendente que ningún país de ingreso medio intente renunciar a sus beneficios.
La dinámica de la economía global ha hecho que la inconsistencia del “en desarrollo” sea aún más evidente. En 2001, menos de la mitad del crecimiento global era atribuible a “países en desarrollo”, incluido Brasil, China, India y otros. Ahora representan casi 80%.
Asimismo, hoy el desempleo es mayor en los países desarrollados que en desarrollo, y el déficit fiscal promedio en las economías avanzadas triplica a la brecha de las emergentes.
Es cada vez más difícil argumentar que todos los países en desarrollo necesitan el derecho irrestricto a evitar las obligaciones de la OMC. Varios de los países en desarrollo de la OMC ahora son acreedores netos. En el FMI argumentan con éxito que su creciente peso económico les da el derecho a mayores cuotas y más votos.
Esto debería celebrarse. Pero ajustarse a la realidad significaría darle más beneficios de la OMC a los países que más lo necesitan.
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