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REGÍSTRATE AQUÍEs el nivel más bajo de impopularidad desde Fernando Collor de Mello, quien tuvo que dejar el poder al verse involucrado en escándalos de corrupción en 1992.
Por: Diario Financiero
Publicado: Jueves 19 de marzo de 2015 a las 04:00 hrs.
La popularidad de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se derrumbó al inicio de su segundo mandato, de acuerdo a un sondeo de Datafolha publicado en el diario Folha de Sao Paulo.
De los encuestados, 62% considera su gobierno como malo o muy malo, mientras que en febrero la cifra era de 44%, un aumentó de 18 puntos en la impopularidad de la mandataria. De acuerdo a la encuesta, 13% considera al gobierno como óptimo o bueno (frente al 23% del mes anterior). La evaluación regular cayó desde 33% en febrero a 24% en marzo.
El diario señala que este es el nivel más alto de impopularidad registrado por un presidente, en un sondeo de Datafolha, desde Fernando Collor de Mello, en 1992, quien poco después enfrentaría un juicio político y dejaría el gobierno. En esa época, la desaprobación de Collor de Mello totalizó 68%.
Nueva medida
Tres días después de las masivas protestas contra la presidenta, el gobierno anuncio ayer un paquete de medidas anticorrupción.
Una de las principales acciones que serán enviadas al Congreso es un proyecto de ley que tipifica como delito la práctica conocida como "caja 2", es decir, el acto de manipular la fiscalización electoral, induciendo elementos falsos u omitiendo información, con el fin de ocultar el origen, el destino o la aplicación de la rendición de cuentas de bienes por parte de un partido político o campaña electoral.
La pena prevista es de tres a seis años. Otra propuesta penaliza el lavado electoral -ocular fuentes de financiamiento prohibidas por la ley- con prisión de tres a diez años, y crea un castigo más estricto a los donantes y a los partidos. El gobierno también presentará una propuesta de enmienda constitucional para permitir confiscar bienes obtenidos por medio de actividad criminal, mala conducta y malversación.
Según el Ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, desviar recursos públicos "exacerba la propia exclusión social existente en el país" porque las personas más pobres son los que más necesitan de los servicios públicos.