Los elevados salarios de los servidores públicos de alto nivel en los tres poderes del Estado en México, así como las numerosas propuestas legislativas para disminuirlos, son un tema viejo en las cámaras de Diputados y de Senadores del país.
Legislaturas van y vienen, pero las iniciativas de reformas en la materia no prosperan. También son muchas las propuestas que los parlamentarios de todos los partidos políticos con representación en el Poder Legislativo consideran necesaria sobre las pensiones millonarias que reciben los expresidentes.
En agosto de 2009, se promulgó la reforma al artículo 127 de la Constitución que mandata que ningún servidor público, incluidos los titulares de los órganos autónomos, debe ganar más que el mandatario; a la fecha, sin embargo, el Congreso de la Unión no ha logrado concretar la legislación secundaria correspondiente, indispensable para aplicar la enmienda constitucional.
Entre las propuestas, se encuentra una de Luisa María Alcalde Luján, quien será la secretaria del Trabajo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En octubre de 2013, propuso una nueva ley de austeridad para servidores públicos federales, que reduciría a la mitad las remuneraciones de altos servidores públicos, desde el presidente, diputados y senadores hasta directores generales y homólogos.
Propuestas estancadas
A inicios del año pasado, mientras se disparaba el precio de los combustibles, la senadora del Partido de Acción Nacional (PAN) Laura Angélica Rojas Hernández urgió la expedición de la ley de remuneraciones de los servidores públicos de la federación. Planteó, además, reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para lograr la integridad y austeridad en el servicio público.
Por considerar que se debe acortar la brecha que existe entre las percepciones de los altos funcionarios en comparación con el salario de la mayoría de las familias mexicanas, sugirió establecer un sistema de remuneración acorde con la situación económica y social del país, con reglas claras y bases técnicas, de acuerdo con el nivel de responsabilidad y funciones.
Los expresidentes
Tres años antes, en febrero de 2013, la senadora del PRD Dolores Padierna Luna promovió cambios al artículo 64-A de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer que el tope máximo de la remuneración presidencial fuera equivalente a 100 salarios mínimos.
Su colega Augusto Morales López planteó ese mismo año reglamentar las remuneraciones de los expresidentes de México, que se fijan con base en el acuerdo presidencial 7637, publicado en 1976 y reformado en 1987. Ambos instrumentos, consideró, “carecen de las formalidades que el orden jurídico requiere”.
En 2011, el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta proyectó también una nueva la ley para regular las pensiones de los exmandatarios, estableciendo que sería de nueve salarios mínimos diarios del Distrito Federal, que recibirían seguridad social por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que se cancelara el apoyo administrativo y de seguridad personal del que gozan.
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