El lavado de activos es un delito que, si bien no es generalizado en el país, tiene atentas a las autoridades y a las empresas locales.
Las reformas regulatorias que avanzarán en darle mayores atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tendrán efectos no sólo en las empresas reguladas, sino también en las empresas de auditoría externa.
La entidad liderada por Javier Cruz intensificará el uso de las atribuciones que le confiere la ley para perseguir y prevenir dicho flagelo, algo que "evidentemente, no es para hacerle la vida más difícil a las empresas", señalaba la autoridad en su primera actividad pública.
Hoy, el proyecto se encuentra en la comisión de Legislación y Justicia del Senado, esperando pasar a Sala.
Y si bien la iniciativa legal no afecta directamente a las auditoras, las mayores facultades de la autoridad involucrarían un aumento en la carga de trabajo, por el eventual incremento en el tiempo y recursos dedicados a controlar el lavado de activos.
Dicho esto, varios actores de la industria han tomado nota y se han anticipado a las medidas del regulador ampliando su oferta de productos e intensificando las labores para asesorar a sus clientes en la prevención del flagelo. Una industria preparada Si bien las auditoras carecen de la potestad de emitir certificaciones de adecuación a la ley que 20.393 regula la responsabilidad penal de las empresas, sí poseen divisiones especializadas en asesorar a sus clientes para implementar sistemas de prevención interna y con ello obtener dicha certificación.
Deloitte, por ejemplo, posee divisiones especializadas en prevenir el lavado de activos, dedicada a revisar operaciones sospechosas e investigar fraudes para "mitigar el riesgo de que nuestros clientes se relacionen con empresas o personas que ocultan el origen ilícito de sus fondos", señala el gerente senior de la división forense de la auditora, Edgardo Durán.
El ejecutivo afirma que varias firmas transnacionales presentes en Chile han solicitado productos como análisis de cumplimiento regulatorio con la finalidad de que sus filiales cumplan con las normativas vigentes en sus países de origen.
"También hemos visto cómo algunos de nuestros clientes buscan aplicar mejores prácticas de países anglosajones a sus filiales en el mundo, a efectos de proteger su prestigio". Asimismo, destaca que han visto "una mayor preocupación" entre sus clientes respecto al flagelo, dado que "la percepción del delito ha aumentado". "El cambio en la percepción de prevenir el lavado de activos viene dado por hechos como cambios regulatorios, los cuales han llevado a las instituciones financieras a cuestionar lo que están haciendo en la materia", explica.
PwC, por su parte, ha intentado "extremar" los cuidados en el último tiempo, detalla socio principal del área de Auditoría de la entidad, Renzo Corona.
"Todas las firmas tienen mucho cuidado de no asociarse con empresas que puedan dañar su reputación, porque finalmente eso tiene costos muy importantes. Entonces, lo que uno hace es siempre tratar de mejorar, todo es perfectible, y tratar de extremar todos los cuidados y los procesos", detalla.
Dicho esto, en PwC se ha intensificado el trabajo del área de asesoría, encargada de ayudar a los clientes en la puesta en marcha de sus sistemas preventivos para luego certificarse ante un evaluador externo.
"Desde que la Ley 20.393 entró en vigencia, las compañías han estado preocupándose de este tema. Sobre todo, muchas de las compañías que trabajan con el Estado, porque ahí tienes el gran riesgo del cohecho", indica. Otros actores KPMG, por su parte, afirma que la división de servicios forenses es su caballo de batalla en la prevención contra el flagelo. "Nos enfocamos en el análisis de brechas del Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de los sujetos obligados frente a la legislación local, legislación internacional y las buenas prácticas", explica el director del área, Adriano Mucelli.
Como novedad, la auditora está realizando evaluaciones periódicas sobre cumplimiento de la normativa anti lavado de activos para clientes obligados de informar a la UAF. Ernst & Young, en tanto, se limitó a señalar que "por el momento" no cuenta con un área especializada en el tema. Chile, economía expuesta En la industria coinciden en que Chile, al ser uno de los mercados financieros más desarrollados de la región, a la vez es uno de los más expuestos al delito de lavado de activos, por lo cual sería "utópico" pensar en que el país está libre.
"En la medida que las economías son más abiertas, siempre hay más riesgos. Chile, al ser una economía más abierta, también los tiene presente. Creo que la percepción de que estas cosas ocurren menos en el país que en el resto de la región es acertada, lo que no significa que no ocurran", señala Corona.
Para Durán, a pesar de que Chile es un país de "bajo riesgo" en tópicos de lavado de activos, está expuesto a "técnicas más complejas de blanqueo de dinero", debido al uso de abogados y contadores auditores, entre otros, "en la construcción de sofisticadas redes de empresas para ocultar el origen ilícito de los fondos".
"En el mercado chileno existe conciencia en relación al peligro asociado con relación al lavado de activos ya que impone una exposición de riesgo no sólo de recibir sanciones por los reguladores o autoridades, sino riesgos a nivel reputacional y ante la imposibilidad de poder operar con las instituciones financieras internacionales", señala Mucelli, agregando que "el incremento de los negocios internacionales potencia la ocurrencia de estos delitos más si contemplamos los delitos bases".
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