El lunes por la tarde, con un desfase de unos pocos minutos antes de que se hiciera público, les llegó a cada uno de los exdirectores de LarrainVial Activos (LVA), a su exgerente general y a sus respectivos abogados, un correo electrónico de la CMF. En él les informaba el resultado en esta sede administrativa del proceso sancionatorio que el regulador les había iniciado en octubre del año pasado -con la formulación de cargos- y que se ha convertido en uno de los casos financieros más importantes del último tiempo.
Versa sobre la indagación en torno a la gestación, diseño y puesta en marcha del Fondo Capital Estructurado I, surgido al alero de LVA -la unidad de activos alternativos de LarrainVial (LV)-, un vehículo de inversión que surgió para pagar las deudas de Antonio Jalaff, a través de un mecanismo en que éste afrontaba sus acreencias entregando su participación indirecta en Grupo Patio (3,87%).
Luego de denuncias de aportantes del fondo y de que la CMF iniciara el proceso sancionatorio, cuestionando diversos aspectos respecto de cómo se manejó y estructuró este vehículo -conflictos de interés, falta de garantías y deficiencias en la valorización de los activos-, este lunes el regulador difundió los resultados. Fue una resolución de 724 páginas sancionatoria, aplicando las multas más altas desde la existencia de la CMF.
A la gestora LVA la sanción alcanzó las 60 mil UF -de un máximo de 100 mil UF que permite la actual normativa, aunque si hay reincidencia pueden llegar a 500 mil UF-, a lo que se suman las sanciones al hoy exgerente, Claudio Yáñez, de 15.000 UF. Y a cada uno de los entonces directores de la entidad: Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, José Correa Achurra, Jaime Oliveira Sánchez-Moliní y Andrés Bulnes Muzard, con multas de 5.000 UF cada uno.
Las sanciones también alcanzaron a la corredora STF Capital y a su exgerente general, Luis Flores, con multas por 8 mil UF para cada uno. Pero sí cambió la visión en esta sede administrativa respecto de otros formulados, los propios hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, toda vez que siendo personas ajenas a LVA, “no se ha acreditado que tuvieran control de las inversiones que efectuaba el fondo ni de la distribución de sus cuotas”, dijo el regulador, sin perjuicio de remitir todos los antecedentes al Ministerio Público, para que éste realice las investigaciones que estime, “incluyendo la eventual responsabilidad penal” de estos hermanos.
La comunicación de Juan Luis Correa
El martes LV circuló a nivel interno en la compañía una comunicación firmada por el socio Juan Luis Correa, reiterando que la firma no compartía la resolución de la CMF, y argumentando en esencia las mismas razones ya esbozadas públicamente el día anterior. “Queremos transmitirles tranquilidad. Esto se refiere a hechos ya conocidos y que son parte de un proceso que aún no concluye”, dice parte de la misiva interna firmada por Correa.
El martes también tuvo lugar un directorio en LVA que, en todo caso, correspondía a una sesión ordinaria -la que tradicionalmente se realiza la última semana del mes-, sin convocar a instancias extraordinarias por este evento. La decisión fue, además, no hacer comunicación a los clientes de LV, al no haber recibido consultas por la resolución, y estimar -puertas adentro- que los clientes comprenden que este es un tema acotado y circunscrito a un único fondo, sin ramificaciones a otros vehículos de inversión de la gestora.
Sin “unidad de convicción”
Contra todos los pronósticos y pese a la cuantía de las multas, la lectura al interior de LV no fue de debacle, por dos razones centrales. En primer lugar, tenían en mente que el escenario más probable es que la resolución viniera con sanciones. Sobre todo, porque -dicen personas que conocen la situación interna de LV- consideran que la CMF estaba “desafiada” a verse dura y con distancia de los formulados de cargo.
Esto, porque se trata de un caso que estiman se da en un ambiente muy “cuesta arriba”, porque más allá de los méritos jurídicos de fondo, en la retina pública está presente la situación del famoso audio y la arista penal del caso Factop.
Y porque en el desarrollo de este caso -en el contexto del sumario interno hecho en la CMF, que instruyó el comisionado Beltrán de Ramón- fue público que se produjo una reunión de un abogado de Rodrigo Topelberg con Andrés Montes, el fiscal de la Unidad de Investigación (UI) de la CMF y Carlos Isensee, abogado coordinador de la UI. En esa instancia aquel defensor privado había ofrecido a los funcionarios públicos reproducirles y que escucharan el famoso audio. Esto, en julio de 2023, mucho antes de que la grabación fuera difundida por el medio Ciper. La propuesta fue en ese momento rechazada por los funcionarios de la CMF, instando al abogado a hacer una autodenuncia o a concurrir al Ministerio Público.
La segunda razón que tuvo LV para su lectura no tan de desastre, es la interpretación que hacen del fallo, aferrándose a los votos de minoría que tuvo la resolución de la CMF, dada por los comisionados Catherine Tornel y Augusto Iglesias.
“Fue un 3-2. Es una cuestión bastante inusual que las resoluciones sean así de divididas. Es un resultado súper razonable que dos comisionados, un 40% de ellos, considerara más que discutibles y que consideraran que no correspondía aplicar o ninguna sanción, o al menos no las más graves, que sí definió la mayoría. Y en un escenario de una causa muy adversa”, interpretan cercanos a la casa financiera.
En el detalle, analizan estas fuentes, Tornel estimó que no había antecedentes suficientes para acreditar que la creación del fondo y la comercialización de sus cuotas por parte de LVA y su entonces gerente se hayan realizado mediante prácticas engañosas o fraudulentas. Y que los directores adoptaron los debidos resguardos. En suma, no concurrió a sancionar a LVA o a sus directivos o ejecutivos. E Iglesias coincidió en que no había respecto de LVA y Yáñez antecedentes suficientes de haber infringido la prohibición al artículo 53 inciso 2 de la ley del Mercado de Valores (inducir a la compra por mecanismos engañosos o fraudulentos). También desestimó algunos cargos y fue por rebajar las multas.
“Dijeron no al artículo 53. No hubo unidad de convicción en la CMF en el tema neurálgico”, dicen en el entorno de LV, lo que los hace estar optimistas que ante un tribunal tendrán posibilidades ciertas de dar vuelta la situación.
La verdadera batalla y los informes
Este martes se cumple un primer plazo en el que los sancionados pueden recurrir con una primera medida para revertir la sanción, un recurso de reposición ante la propia CMF. Una decisión que -dicen entendidos- probablemente va a tomar cada una de las defensas, que actúan de manera armónica y coordinada y que integran los abogados Felipe Bulnes por el exgerente de LVA; Alfredo Alcaíno por los exdirectores de la entidad, y Fernando Barros por LVA como institución.
Y lo harían no tanto por tener expectativas de que los consejeros de la CMF cambien su visión, sino que como estrategia para tener más tiempo para preparar el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, que es la instancia donde ven que se dará la verdadera batalla para dar vuelta las sanciones.
¿Cómo? Impugnando lo que estiman errores en la apreciación de las normas y ponderación de antecedentes, apoyados en la propia disidencia de la CMF en su decisión. En el detalle, que se encargó a expertos valorizadores, estas valorizaciones fueron hechas con la metodología adecuada y correcta, cumpliendo con la normativa. Que siendo un instrumento diseñado para inversionistas calificados, la llegada de los inversores fue responsabilidad de STF Capital. Que hubo incluso inversionistas a quienes LVA les desaconsejó el instrumento, dado que no se ajustaba para su perfil de riesgo. Que LVA no fue el responsable de la comercialización de la serie B del fondo, pues esto era trabajo de STF Capital. Y que el activo en cuestión que respaldó las deudas de Antonio Jalaff -las acciones del Grupo Patio- estuvo disponible, pues se retuvo el producto de aquella venta que correspondía a Antonio Jalaff. El problema -creen- fue que bajó la valorización de Grupo Patio y que STF Capital había dado garantías de que daría un interés extra a la serie B, UF+10%, y estando en realidad en insolvencia. El famoso “contrato espejo”, del que habló Luis Flores en su declaración a la CMF, que consideraba también al cabo de dos años de permanencia, una recompra de las cuotas.
Durante el proceso las defensas de LVA adjuntaron informes de expertos, como uno de Sergio Tubío, socio de PwC, para reforzar la tesis de que las valorizaciones externas de los créditos estuvieron hechas de acuerdo con la normativa.
Como señal de respaldo a los profesionales formulados y ahora sancionados por la CMF -y a la tesis de que no han cometido ninguna infracción y de que son inocentes-, se mantienen en la compañía los mencionados directivos y el exgerente, reasignados a otros cargos. Por ejemplo, el exgerente general de LVA hoy se desempeña como gerente del área de Distribución de Productos a Terceros de LarrainVial.
“Es un partido que se está jugando. Acá hay tres tiempos”, dicen cercanos a este caso, quienes aluden a que el dictamen lo zanjaron cinco comisionados, ninguno de los cuales es abogado, sino que profesionales venidos de carreras del mundo de la economía y finanzas. Claro está que Andrés Montes, el líder de la indagatoria -de la UI- sí es abogado. Como sea, ahora viene la Corte de Apelaciones y más tarde será la Corte Suprema la que defina.
El caso tiene para rato. Años probablemente.
La declaración del valorizador: “Tres miembros de la familia Jalaff recibirían un sueldo de un total de 60 mil UF que se pagaría en tres años mensualmente”
DF Mas tuvo acceso en su momento al documento de la formulación de cargos y allí constan muchísimas declaraciones que distintos intervinientes hicieron ante la CMF y que este medio ya publicó. Pero una de ellas, hasta ahora desconocida, es la de Christopher Baillarie, socio de la firma Carrillo & Asociados (C&A), quien según dijo en el proceso, fue contactado por LVA en el marco de una relación profesional que data desde 2018, para actuar como valorizador independiente para distintos fondos de inversión. En este caso, valorizar los activos que hubiese bajo el mentado fondo.
“El servicio fue valorizar los activos del fondo. Para mí era parte del mismo trabajo realizar la determinación del valor de las deudas de San Antonio”, especificó, detallando también que el precio del activo subyacente, Grupo Patio, que estaba fijado en los contratos de canje accionario, “me lo enviaron desde LVA”.
El profesional dijo, sobre las deudas, que la información se la enviaba Sibo. “En ningún momento yo dudé de la información que me pasaron para los informes. La metodología es un trabajo en base a supuestos que las partes entregan. No es un trabajo que se realiza desde la base del escepticismo”.
Pero luego, en esta declaración, Baillarie reveló un dato desconocido. Un supuesto “sueldo” que recibirían tres integrantes de la familia Jalaff.
“El impacto de esta venta era fuerte. No recuerdo el número exacto, pero era más de un 50% de caída de la valorización de los activos subyacentes. A este respecto, hubo otros factores que también afectaron la caída. Hubo costos asociados a la transacción que se cargaron a las sociedades a través de las cuales iba a capitalizar el fondo. Hubo 30 mil UF más IVA de asesores y abogados por la operación”. Y luego reparó en el otro punto: “Había otro costo que quedó consignado en los acuerdos, que tres miembros de la familia Jalaff recibirían un sueldo de un total de 60 mil UF que se pagaría en tres años mensualmente. El fondo no sólo recibía el activo subyacente por la venta, sino que adicionalmente se recibían flujos descontados todos estos gastos”.
En reserva, fuentes relaciondas al equipo legal de Álvaro Jalaff explican que fue una cláusula de negociación para que nadie de la familia Jalaff contratara a gente de Grupo Patio en los próximos tres años, si es que quieren comenzar con un negocio similar. Y añaden que este tipo de cláusulas son comunes para este tipo de cierres.
También en su declaración, Baillarie reveló el hallazgo de otras deudas. “Cuando hice la valorización solicité información sobre la conversión y me percaté de que los porcentajes de participación eran diferentes. Por ejemplo, en el caso de Santa Teresita habían reducido la participación en cerca de 4%. Esto me llamó la atención y pregunté porque (sic) había bajado el porcentaje y me dijeron que iban a ir saldando cuentas comerciales entre relacionados. De ese modo, la sociedad que tenía la participación en la empresa subyacente perdía cerca del 4% de participación. Esto me llamó la atención porque parecía que era una nueva deuda en condiciones que las deudas habían quedado predefinidas inicialmente”, dijo.
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Azucena González
